Según los datos estadísticos de avance facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes al tercer trimestre de 2023, se han producido 891.625 accidentes de trabajo, de los que 468.075 han causado la baja laboral de la persona trabajadora (lo que supone una bajada del 1%) y se han notificado 423.550 accidentes de trabajo sin baja (un 1% más, con respecto al mismo periodo de 2022). 

Además, se registran 524 accidentes mortales, 99 menos respecto a los datos de avance del tercer trimestre del año de 2022, descendiendo esta cifra en un 15,9%. Durante la jornada de trabajo han muerto 431 personas, son 83 menos que las registradas hasta septiembre de 2022, lo que supone un descenso del 16,1%. 

Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT, ha remarcado que “Para UGT estas cifras siguen siendo escandalosas. Aunque los accidentes mortales han descendido en comparación con los registrados hasta el tercer trimestre de 2022, no es suficiente. 524 personas trabajadoras han muerto por intentar ganarse la vida. Esta lacra debe visibilizarse y atajarse de forma inmediata”.

La mejora de la calidad del empleo, un beneficio para la seguridad y salud laboral

El dato positivo es que se aprecia un descenso de los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral. Ana García ha apuntado que “esto puede deberse al menor número de casos de COVID-19 calificados como accidente de trabajo, especialmente en las actividades sanitarias y de servicios sociales. Pero también se debe tener en cuenta que, en el mes de septiembre, el porcentaje de afiliados con contrato temporal se situó en el 14%, la mitad del que se registraba antes de la reforma laboral de 2021 (30%). La mejora de la calidad del empleo, supone un beneficio para la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Está demostrado que la temporalidad en la contratación está ligada a una mayor incidencia de los accidentes laborales durante la jornada laboral, por ello UGT seguirá observando la evolución de los datos de siniestralidad para comprobar los efectos de la reforma laboral”.

El sindicato reitera su propuesta de articular un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral de forma inmediata, por lo que insta al futuro Gobierno que se conforme, a que abra una mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, donde se negocie dicho Plan. 

Entre las materias que debe incluir, no pueden faltar los riesgos psicosociales, que están relacionados con la primera causa de muerte por accidente laboral en nuestro país, que son los infartos y derrames cerebrales. Ana García ha destacado que “es evidente que la salud mental de las personas trabajadoras se encuentra deteriorada”, tal y como demuestra el Informe de UGT: ‘Salud mental y Trabajo’.

En nuestro país, hasta el 1 de octubre, se han contabilizado 451.646 bajas laborales de personas trabajadoras derivadas de problemas de salud mental y se estima que 2023 acabara con más del doble de bajas que en el mismo periodo de 2016. Además, hasta el tercer trimestre del año han muerto 193 personas trabajadoras por infartos o derrames cerebrales ocurridos durante la jornada de trabajo”.

Ana García ha recordado que “es importante que las empresas cumplan de forma rigurosa la legislación en materia de prevención de riesgos laborales para evitar que sucedan accidentes laborales ya que, en algo más de un tercio de los accidentes de trabajo ocurridos durante la jornada laboral que se registraron en 2022, no se había realizado evaluación de riesgos. Se debe dejar de ver la prevención de los riesgos laborales como un coste y empezar a considerarlo como una inversión. Las estimaciones indican que, por cada euro invertido en seguridad y salud en el trabajo, la ganancia que obtiene la empresa es de aproximadamente el doble”.

UGT reivindica la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, pues ayudaría a mejorar la PRL en las PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical. 

Por último, insiste en que hay que dotar de más recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo, para que controle el cumplimiento de las normas y a la Fiscalía de Salud Laboral, para que investigue y depure responsabilidades.