La Unión General de Trabajadores quiere concienciar a la población sobre los riesgos que conlleva la aprobación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP, y desmontar algunas de las bondades que nos han trasladado sobre el mismo.

Lo cierto es que se trata de un acuerdo que afectará de manera significativa a la vida y condiciones del empleo de trabajadores y trabajadoras y tendrá una gran relevancia económica, puesto que influirá en todos los sectores de la economía y, teniendo en cuenta el secretismo y la opacidad con la que se están llevando a cabo las negociaciones, es natural que la ciudadanía se plantee interrogantes.

Por un lado, nos venden que esta alianza pretende “ayudar a los ciudadanos y las empresas, grandes y pequeñas” abriendo EEUU a las empresas europeas, contribuyendo a reducir los trámites burocráticos que deben cumplir las empresas para exportar e introducir nuevas normas que hagan la exportación, la importación y la inversión entre EU y EEUU más fáciles y justas.

También nos dicen que bajarán los precios de los productos, que se dará al consumidor mayor oferta y, sobre todo, que generará empleo y crecimiento en toda la UE.

Pero lo que no nos cuentan es que pretende eliminar “barreras al libre comercio” tales como las certificaciones de algunos productos, los test de seguridad, el etiquetado o las inspecciones en los procesos de fabricación. Cuestiones que los empresarios entienden como trabas costosas y engorrosas para las empresas pero que ofrecen unas garantías de seguridad al consumidor. De este modo, los estándares industriales pasarán de ser definidos en las instituciones a estar en manos de las empresas, lo que relajaría la regulación en muchos ámbitos.

Persigue además asegurar la protección de las inversiones extranjeras de posibles discriminaciones, hasta el punto de que empresas multinacionales podrían demandar a gobiernos en tribunales especiales para cuestionar regulaciones que garanticen derechos sociales, laborales o de protección del medio ambiente si esas legislaciones limitan o perjudican las inversiones primando así la inversión por encima de los derechos sociales y laborales consolidados y garantizados por regulaciones nacionales y tratados europeos.

Un acuerdo concebido por y para las grandes empresas

En resumen, se trata de un acuerdo concebido por y para las empresas que antepone los intereses empresariales a los derechos de los ciudadanos, consumidores y trabajadores ya que, por un lado, rebaja el nivel de exigencia de la legislación europea en materia laboral, medioambiental o de salud y, por otro, abre la puerta al neoliberalismo económico más despiadado con la posibilidad de que la desregulación sea posible en todos estos ámbitos.

No es un acuerdo para eliminar barreras arancelarias, es un acuerdo para eliminar las normas que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales. Leyes que forman parte de la esencia más preciada de la UE como son los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el posicionamiento contra los alimentos transgénicos o determinadas sustancias químicas.

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