Esta directiva, adoptada bajo la Presidencia belga y en línea con el trabajo realizado por la Presidencia española del Consejo de la UE, establece las primeras normas de la UE sobre el uso de sistemas algorítmicos en el lugar de trabajo y busca ayudar a determinar la situación laboral correcta de las personas que trabajan para plataformas digitales, de forma que desaparezcan los falsos autónomos.

El texto introduce una presunción de relación laboral que se activa cuando se dan hechos que indican control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos vigentes, así como teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo es corregir el desequilibrio de poder entre la plataforma y la persona trabajadora. Además, al recaer la carga de la prueba en la plataforma, significa que cuando ésta quiera rebatir la presunción, le corresponde demostrar que la relación contractual no es una relación laboral.

Esta directiva establece un conjunto de principios de alto nivel sobre cuándo las personas trabajadoras de plataforma deben ser consideradas empleadas, pero deja que los Estados miembros decidan los detalles. UGT considera que la aprobación de la misma  asegura que hasta 40 millones de trabajadores y trabajadoras de plataformas en Europa eleven sus condiciones laborales en dignidad y justicia.

Gestión algorítmica, transparencia y protección de datos

Las nuevas normas garantizan que no se pueda despedir a una persona que trabaje en una plataforma basándose en una decisión tomada por un algoritmo o un sistema automatizado de toma de decisiones, sino que tienen que garantizar la supervisión humana de las decisiones importantes que afectan directamente a las personas que realizan el trabajo de plataforma. Asimismo, introduce normas más protectoras para las personas trabajadoras de plataformas en el ámbito de la protección de datos. 

El texto también mejora la transparencia al obligar a las plataformas a informar a las y los trabajadores y a sus representantes sobre cómo funcionan sus algoritmos y cómo el comportamiento de un trabajador afecta a las decisiones tomadas por los sistemas automatizados. Las plataformas tendrán que transmitir información sobre las y los trabajadores autónomos que contraten a las autoridades nacionales competentes y a los representantes de las personas trabajadoras de las plataformas, como los sindicatos.