El Banco Central Europeo bajó ayer un cuarto de punto el tipo de interés oficial del dinero, dejando el de facilidad de depósito en el 3,5%, que pasa a ser el tipo de referencia (antes era el de operaciones principales de financiación). 

Con ello, con mucho retraso y excesiva prudencia, el BCE da un paso en la dirección correcta, que se suma al realizado en el mes de junio. Pese a ello, la política monetaria sigue suponiendo un lastre para el consumo de los hogares, al mantener muy elevados los costes de sus hipotecas, y para la inversión productiva empresarial, puesto que su rentabilidad sigue siendo más reducida (y con mayores riesgos) que la obtenida con activos financieros y especulativos.    

Los problemas de la zona euro no provienen ya de una elevada inflación, que se sitúa de manera estable cerca del objetivo de medio plazo del 2%, sino de la atonía del crecimiento económico y del empleo. La actividad de la eurozona está bajo mínimos (0,2% de crecimiento trimestral y 0,6% anual), de hecho, Alemania se ha contraído un 0,1% en el segundo trimestre de 2024 y se enfrenta al cierre de importantes fábricas industriales, pero Francia e Italia también presentan crecimientos anuales muy escasos (1% y 0,9%, respectivamente). De manera coherente con la evolución de la producción, el empleo crece poco tanto en el conjunto de la eurozona (0,9% anual) como en países como Alemania (0,4%). España, sin embargo, mantiene una situación diferencialmente mejor, con una tasa de crecimiento del PIB del 2,9% y del empleo del 2,2%.

Precisamente el “informe Draghi”, presentado esta semana, plantea las actuaciones estratégicas que debe abordar urgentemente la economía europea para elevar su competitividad, y que pasan esencialmente por elevar notablemente la inversión de manera coordinada, bien focalizada y financiada conjuntamente. Pero, para que este enfoque se desarrolle eficientemente, debe acompañarse paralelamente de una relajación de la política monetaria para incentivar esa inversión productiva y descomprimir el consumo de los hogares, principal motor de la demanda. En la situación macroeconómica actual, esto es posible y necesario, y el BCE debe actuar en consecuencia, insistiendo en las próximas reuniones de su Consejo de Gobierno en la desescalada de los tipos. 

Aumentar la inversión y descomprimir el consumo

UGT considera que la errónea política de subida de tipos llevada a cabo por el BCE durante más de dos años ha sido incapaz de controlar la tendencia alcista de los precios y cargaba sobre la clase trabajadora europea el coste del ajuste de la incertidumbre económica actual castigando especialmente a las rentas más modestas. 

En este sentido, el sindicato recalca que son necesarias políticas más audaces como son los incrementos impositivos sobre beneficios extraordinarios de las empresas del sector de la energía y la banca, o la creación de un fondo presupuestario estatal para ayudar a las personas que estén pagando una hipoteca, tal y como reclamó el sindicato cuando el BCE inició su política de subida de tipos de interés.

Además, hay que garantizar mecanismos de recuperación salarial de los trabajadores, pues hay espacio para el incremento de las nóminas sin tensionar costes a las empresas (sólo hay que repartir el beneficio extra del que están apropiándose en estos momentos).

Establecer mecanismos de control sobre Autoridad Monetaria

En definitiva, la política monetaria de tipos de interés elevados del Banco Central Europeo es equivocada, reduce las expectativas de crecimiento económico, inversión y empleo, y fomenta el comportamiento oportunista de las empresas garantizando el incremento de los beneficios e impidiendo una distribución de los excedentes de la producción equitativos entre empresas y personas trabajadoras.

Además, en el futuro próximo, hay que revisar la gobernanza de la Unión Monetaria Europea, incluyendo mecanismo de control y supervisión de la Autoridad Monetaria Europea en la que participen los interlocutores sociales, de forma que se garantice que la política monetaria de la Zona Euro tenga en cuenta los costes sociales de sus medidas.