Durante la jornada de hoy, 25 de noviembre, se cumplen tres años de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. El pacto, con el que se ponía fin a más de 50 años de conflicto armado, fue el resultado de casi cuatro de negociaciones en Cuba, con la mediación del país anfitrión y Noruega.

A pesar del histórico logro que supuso la firma de los acuerdos, solo representaban el primer paso para conseguir una paz efectiva en todo el territorio colombiano. Es por esta razón que su implementación en los años posteriores se convirtió en un gran desafío para todas las partes y es en este punto donde la situación actual genera amplia preocupación.

El gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, lleva desde su asunción boicoteando los acuerdos en los que el derechismo uribista nunca ha creído. Los partidarios del Centro Democrático continúan aferrados al escenario de guerra que les permite desplegar un discurso donde la intervención militar es la prioridad principal del gobierno colombiano. El camino hacia la paz, que ha permitido el resurgir de reivindicaciones sociales democráticas para la mejora de las oportunidades de todos los sectores de la sociedad colombiana, es visto como un obstáculo por la derecha colombiana, que sigue teniendo como principal referencia al expresidente Álvaro Uribe, cuyo entorno enfrenta denuncias de vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, las movilizaciones masivas de los últimos días en Colombia demuestran la firme voluntad del pueblo colombiano de vivir en paz y de conseguir un desarrollo económico que, e una vez por todas, incluya a toda la población. Para esto, es fundamental que el gobierno de Colombia asuma un verdadero compromiso con la implementación de los acuerdos de paz en todos sus aspectos.

Una de las principales preocupaciones que se ciernen sobre la construcción de la paz en Colombia es la inseguridad que deben sufrir los líderes sociales, que sufren gravísimas situaciones de persecución y represión que alcanzan incluso el asesinato. Cientos de líderes sociales, incluidos decenas de sindicalistas, son asesinados cada año en Colombia, sin que el gobierno pueda garantizar su seguridad. Se cuentan también pro cientos los ex guerrilleros asesinados desde la firma de los acuerdos, lo que supone una evidente amenaza para el compromiso que estos ex miembros de las FARC asumieron con la firma de los acuerdos.

La comunidad internacional debe mantener el importante papel que asumió apoyando los acuerdos firmados hace tres años, asumiendo que no habrá paz y desarrollo justo para Colombia sin un completo desarrollo de los acuerdos suscritos hace tres años.