En la madrugada del viernes 14 de agosto, la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), principal central sindical de Bolivia, fue atacada con dinamita, ademas de sufrir  la vandalización de su fachada. La sede la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa también fue victima de un ataque esa misma madrugada. Sendos atentados no produjeron victimas aunque sí daños materiales.

Este grave ataque supone un paso más en la degradación democrática  de Bolivia ya que no es este el primer hecho de violencia tras el golpe de estado del pasado noviembre, desde cuya fecha se han producido gravísimos episodios que incluyen la represión a manifestantes (incluídas las masacres de Senkata y Sacaba, que se saldaron con decenas de personas asesinadas y cientos de heridos) y el acoso sistemático a dirigentes del MAS.

Los hechos violentos mencionados se producen en medio de la proliferación de la actividad de grupos paramilitares de ultraderecha en Bolivia, que actúan impunemente en la Bolivia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien dirige el país tras el golpe de estado efectuado por sectores políticos, policiales y militares alegando infundadas acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del pasado octubre.

El atentando contra la COB tiene lugar en medio de las protestas que el sindicato boliviano lidera desde la pasada semana, en reclamo de garantías para la celebración de elecciones que devuelvan la democracia a Bolivia. En los últimos meses, el gobierno de facto boliviano ha pospuesto repetidamente la celebración de los comicios en una clara estrategia de perpetuarse en el poder para la implantación de una agenda política y económica claramente regresiva.

UGT condena el atentado sufrido por la COB y otros colectivos sociales bolivianos, y conmina al gobierno de España a repudiar estos gravísimos hechos y a liderar una respuesta europea ante el gobierno de facto de Bolivia, con el objetivo de que mediante elecciones libres, y con garantía de participación de todos los partidos, el país andino recupere el estado de derecho y el camino de justicia social por el que transitó en las primeras décadas del presente siglo.