Entrada en el blog "Valor Sindical" de Pepe Álvarez

Después de muchos años de reivindicaciones, de renuncias y de reclamaciones, después de mucho tiempo esperando, este fin de semana entra en vigor, por fin, la obligación de las empresas de realizar un registro efectivo de jornada de trabajo de sus empleados y empleadas. Durante años, especialmente a raíz de la crisis, muchos empresarios han aprovechado la situación para explotar a las trabajadoras y trabajadores. España, en este tiempo, se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde los trabajadores se ven obligados a “regalar” más horas extras, con números realmente preocupantes en sí mismos y por lo que supone. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 735.000 trabajadores han realizado, en el primer trimestre de 2019, una media de 5,7 millones de horas extra a la semana. De esta cifra se desprende que casi la mitad (2,9 millones de horas extra) no son ni cobradas ni cotizadas y, por lo tanto, regaladas. Esta cantidad de horas extra sin cobrar representa un gran ahorro para las empresas pero, sobre todo, un fraude al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas: impide la generación de empleo, porque de hecho con esta cifra se llegan a evitar la contratación de hasta 100.000 empleados en un año, algo especialmente grave en un país en el que casi 3,5 millones de personas están en el paro; porque centenares de miles de personas no cotizan el total de las horas trabajadas, que contribuye al déficit de la Seguridad Social; y porque es un fraude a la hacienda pública, es decir, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Según algunos expertos, el Estado deja de ingresar un total de 14.000 millones de euros al año (10.000 millones la Seguridad Social en cotizaciones y 4.000 millones de IRPF).

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