Las duras e ilegales sanciones económicas que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, a través del bloqueo económico instaurado hace casi seis décadas, y en Venezuela, aplicadas progresivamente en los últimos años como parte de su estrategia golpista, suponen una seria amenaza para la capacidad de estos dos países de enfrentar la pandemia de COVID-19 y proteger a su población.

En el caso de Cuba, las sanciones, rechazadas año tras año por la gran mayoría de países en Naciones Unidas, adoptan la forma de un duro bloqueo comercial, económico y financiero. Este bloqueo, que nunca debió haber sido impuesto, es en la actualidad un atentado contra la salud de los habitantes de la isla, al impedir, entre otros, el poder acceder a recursos para enfrentar la expansión del virus y sus consecuencias.

Frente a este comportamiento que expone al pueblo cubano a gravísimos y certeros riesgos, el gobierno y el pueblo cubano continúan respondiendo con ejemplos de decisiones que sitúan en primer lugar las necesidades humanitarias, brindando atención sanitaria de primera calidad a cualquier ciudadano infectado en Cuba, provengan del país que provengan. A esto se suma la valiosa labor que grupos de médicos del país realizan en diferentes partes del mundo, incluido países europeos como Italia.

El caso de Venezuela, más reciente, implica diferentes sanciones unilaterales ordenadas por Estados Unidos que afectan sensiblemente a la economía del país. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha pedido desde la confederación sindical internacional (CSI), conjuntamente con la confederación sindical de las Américas (CSA) han exigido el inmediato levantamiento de las ilegales sanciones económicas que provocan los mismos efectos que vimos en el caso anterior.

Frente a la lógica, justa y humanitaria postura que pide el levantamiento del bloqueo, el gobierno de Donald Trump intenta ocultar su pésima gestión e incapacidad para contener la expansión del COVID-19, atacando nuevamente al gobierno de Venezuela mediante la realización de graves acusaciones personales contra su presidente. La profundización de la terrible presión política, diplomática y económica de Estados Unidos sobre Venezuela, en pleno avance de la pandemia, supone un importante riesgo para toda la población venezolana, así como para la región.

UGT insta al gobierno de España y a las instituciones europeas a tomar las acciones oportunas y abogar por el fin de esta antidemocrática y extorsiva forma de intervención internacional, de manera que ambos países puedan disponer de los medios y fondos necesarios. De lo contrario, y se mantienen las sanciones sobre Cuba y Venezuela se estará condenando a una tragedia humanitaria a dos países así como a la población de otros varios de su entorno que se verán afectados por la expansión de la enfermedad.