Artículo de opinión de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT,, en "El País"

La Unión General de Trabajadores se sentó a la mesa de Diálogo Social para abordar la situación generada por las plataformas digitales fraudulentas con el objetivo compartido por todas las partes de frenar una de las formas más perversas de la precariedad, la que se vende a sí misma como el paradigma de la modernidad, el paraíso de la libertad del trabajador, la avanzadilla del futuro mundo del trabajo, el progreso inevitable frente a la caduca regulación de las normas laborales.

Cierto tipo de plataformas consiguen, a través de la gestión algorítmica, ofrecer la apariencia de que nada tienen que ver con la persona trabajadora cuando la realidad es que ejercen un control, una dirección y un poder disciplinario sobre el mismo. Despojados de sus derechos como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, explotándose a sí mismos, aparentemente por voluntad propia como falsos “emprendedores”, no son las únicas víctimas, también lo son el erario público y las empresas que cumplen con la normativa vigente.

En el sindicato llevamos años analizando la evolución de las plataformas digitales, o más bien el progreso creciente en precariedad, hablando con personas trabajadoras, denunciando a la Inspección de Trabajo y yendo a los tribunales. La sentencia del Tribunal Supremo sobre Glovo señala la existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena. Ese fallo no puede ser tomado por quienes tenemos responsabilidades en el ámbito laboral como una decisión sobre un trabajador concreto y una plataforma digital de una actividad determinada. Solo se puede interpretar como la definición de un modelo de negocio fraudulento, no válido ni permisible, se dedique a la actividad que se dedique. Por eso esta mesa de diálogo social es particularmente importante. Se trata de cortar de raíz un modelo de negocio que ha ido prosperando y extendiéndose sobre la base del fraude y del incumplimiento de las normas a la vista del todo el mundo.

Al inicio de la mesa de diálogo social, parecía que las tres partes compartíamos el objetivo. No íbamos a abordar solo las plataformas digitales de distribución y reparto. Pero tampoco se trataba de cuestionar todas las plataformas digitales, como algunos parecen ahora empeñados en señalar, demostrando que no han entendido nada... si somos bien pensados.

Nuestras propuestas y reivindicaciones nunca han cuestionado ese modelo de negocio. Siguiendo la sentencia del Supremo, solo cuestionan el de aquellas que ejercen sobre trabajadores falsamente autónomos, el poder de control, dirección y disciplinario propio de una empresa mediante la gestión algorítmica, una relación laboral en la que concurren las notas propias de la ajenidad y la dependencia.

Lo cierto es que tras semanas, y partiendo de un objetivo común, no hemos visto ni una propuesta escrita y propositiva de las patronales. Esta postura es inédita en una mesa de Diálogo social, también incomprensible más allá de la intención de demorar el posible acuerdo.

Desde UGT entendíamos que acabar con una situación que cuestiona el derecho laboral, vulnera derechos, defrauda a la Seguridad social y a Hacienda y es competencia desleal para las empresas que cumplen con la norma, debía ser también de interés para las organizaciones empresariales. Por ello, el progresivo enroque de estas organizaciones ciñéndose a las plataformas de reparto y distribución, nos resulta difícil de entender por qué perjudica de forma notable a parte del tejido empresarial de este país. Por otra parte, también lamentamos que el Gobierno haya variado de una posición de abordar la situación del conjunto de plataformas digitales que utilizan la fórmula del trabajo autónomo de manera fraudulenta, para acercarse a los postulados de la patronal.

Nos parece una irresponsabilidad. Esto implica que, en una lectura reduccionista de lo dicho por el Supremo, solo se va a abordar la situación de la realidad visible. En cambio, queda fuera una situación que afecta al conjunto de actividades de este país y que ciertamente permanece en parte oculta por la ausencia de instrumentos que nos permitan conocer cuántas plataformas digitales hay, como se organizan u organizan el trabajo y a qué se dedican.

El Gobierno no quiere abordar el todo: la forma de negocio, la huida del derecho del trabajo, la lesión de los derechos de los trabajadores, la elusión de las aportaciones al erario público, la competencia desleal para las empresas. Si esto es así, los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras seguirán siendo violentados y, en la práctica, dará carta de naturaleza a las plataformas digitales que eluden la normativa laboral para que lo sigan haciendo.

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