El 43 Congreso de UGT aprueba un programa de acción centrado en el cambio de modelo productivo y la ampliación de derechos
Fecha: 19 May 2021
El Sindicato incluye a las “trabajadoras” en su nombre pero mantiene las siglas
Marca como objetivos prioritarios “el avance en los derechos de las personas trabajadoras” mediante la creación de empleo de calidad, la transformación de nuestro modelo productivo hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad, el reforzamiento del Estado de Bienestar y los servicios públicos, y una apuesta por la igualdad, la integración y el reparto de la riqueza.
El 43 Congreso Confederal de la UGT, máximo órgano del Sindicato, ha aprobado hoy un programa de acción que marca la hoja de ruta de la Organización para los próximos cuatro años, y la apuesta por medidas destinadas a mejorar la calidad del empleo y la transformación de nuestro sistema productivo en clave de sostenibilidad y equidad. Se ha aprobado, además, un cambio en el nombre de la Organización, que pasa a llamarse Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, aunque se mantienen las siglas UGT.
El Programa de Acción plantea, entre otras cosas, la exigencia de un Pacto por la Industria, la modernización del sector servicios y la reformulación hacia la calidad del sector turístico; la apuesta por una sanidad y educación públicas y reforzadas, y la lucha contra la pobreza y la distribución de la riqueza mediante una reforma fiscal integral.
El Sindicato apuesta también por una decida ampliación de los derechos de las personas LGTBi, el feminismo, la inclusión y la igualdad de trato y no discriminación.
Las medidas más relevantes son:
1.- Crear empleo de calidad y recuperar derechos
- Implantar la semana laboral de 32 horas
- Derogar las reformas laborales
- Revalorizar el SMI este año, y continuar hasta alcanzar el 60 por ciento del salario medio
- Endurecer las sanciones a la contratación en fraude de ley y establecer indemnizaciones para la personas trabajadora
- Eliminar modalidades contractuales e incentivos a la contratación de jóvenes que sólo sirven para rebajar derechos y abaratar costes de personal
- Universalizar el contrato de relevo
- Reformular las bonificaciones a la contratación para evitar contrataciones en precario, especialmente entre los jóvenes
- Dignificar la figura de las personas becarias y asegurar su correcto desarrollo formativo
- Una Inspección de Trabajo y Seguridad Social que asegure el cumplimiento real de la normativa de social y evite los fraudes y la cesión ilegal de trabajadores
- Supresión de la tasa de reposición en las administraciones públicas y eliminación de la temporalidad injustificada
- Establecer una nueva regulación para contratas y subcontratas que modifique el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores
- Desarrollar una ley de infracciones y sanciones y un Código Penal adaptado al siglo XXI para afrontar la precariedad y el abuso laboral
- Penalizar legalmente a las empresas que no apliquen los aumentos salariales pactados en los convenios colectivos y restringir los casos de descuelgue salarial
2.- Una economía más sostenible, eficiente y equitativa que afronte la crisis medioambiental
- Ampliar el ámbito funcional de los convenios para incluir a todos los trabajadores de plataformas digitales
- Impulsar un cambio de modelo productivo basado en la digitalización y el I+D+I, en una transición justa, en una política industrial activa, en unos servicios y turismo de calidad, y en potenciar los servicios públicos
- Revisar las ayudas al autoempleo (como la tarifa plana de autónomos) para no subvencionar indirectamente a las plataformas digitales
- Equiparar los derechos las personas trabajadoras de las empresas multiservicios con los de las empresas donde efectivamente trabajan
3.- Realizar una reforma fiscal integral que mejore los principios de suficiencia, equidad y progresividad, y que reequilibre el peso de cada una de las figuras tributarias:
- UGT reclama una reforma fiscal integral para sostener un nuevo contrato social centrado en las personas
- Establecer nuevos sistemas recaudatorios a las empresas que utilicen las nuevas tecnologías en sustitución de las personas trabajadoras
- Crear un impuesto para las viviendas vacías de las entidades financieras, SOCIMI, y fondos de capital riesgo
- En el IRPF: que las rentas de capital tributen igual que los rendimientos del trabajo, eliminar la estimación objetiva, y revisar la mayoría de las reducciones y deducciones fiscales.
- En SOCIEDADES: limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones. Garantizar un tipo mínimo efectivo, y modificar el régimen fiscal de las SICAV y SOCIMI
- En el IVA:
o Establecer un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo
o Aplicar el tipo reducido a la cultura, los productos higiénicos de primera necesidad y la provisione de servicios esenciales (luz, gas)
o Pasar a tipo superreducido los alimentos que actualmente están en el reducido
o Eliminar las exenciones a la sanidad y educación privadas
- Elevar la tributación por sucesiones y donaciones, estableciendo criterios mínimos homogéneos para todo el país
4.-Construir un Estado de Bienestar sólido
- Reformar la Constitución para proteger las necesidades esenciales de la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensiones, estableciendo un suelo de gasto social que no debe estar afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven.
- Evitar la pérdida de la vivienda ante las situaciones sobrevenidas de penuria mediante una reforma de la Ley Hipotecaria y de la legislación concordante
- Reducir al máximo las daciones en pago y los desahucios modificando los requisitos en el ámbito nacional, protegiendo de manera especial a las personas mayores de 65 años, personas jubiladas y personas desempleadas con cargas familiares
- Derogar el RDL 16/2012, de 25 de abril, así como la normativa de colaboración público-privada para la construcción y gestión de centros sanitarios y Revertir al SNS los hospitales púbicos de gestión privada
- Aprobar una Ley de Defensa y Garantía de las Pensiones Públicas que contemple la derogación de la reforma realizada en 2013 y establezca un sistema alternativo que mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, garantice el equilibrio financiero de la Seguridad Social con aportaciones suficientes del Estado, y elimine la brecha de género en las pensiones.
5.- Una sociedad más igualitaria
- Intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral promoviendo un Pacto de Estado
- Actualizar el catálogo de enfermedades profesionales y luchar contra la infradeclaración existente
- Mayor regulación de los riesgos derivados de las nuevas tecnologías
- Dotar de perspectiva de género a la prevención de riesgos
- Impulsar la figura del delegado y delegada territorial de prevención
- Suprimir las listas de espera en el sistema de dependencia, estableciendo límites de permanencia en la misma, fijando de forma taxativa el tiempo que debe emplearse en la resolución y, agotado el plazo legal, reconocer la retroactividad de todas las prestaciones
- Dignificar el empleo en el sector de ayuda a domicilio con salarios y condiciones de trabajo más adecuados
- Establecer por ley una protección especial frente al despido y la extinción del contrato en los supuestos de solicitud del derecho a la adaptación de jornada para hacer efectiva la conciliación (artículo 55.5 del ET)
6.- Más diálogo y participación, más democracia, en una Europa social en un mundo más justo
- Crear una Asociación para la Negociación Colectiva en la UE, que tendrá como objeto hacer recomendaciones al Consejo y trabajar por una directiva marco que refuerce la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores
- Promover la creación de una cámara de Derecho laboral y social en TJUE
- Modificar el mandado del BCE para que no sea solo el garante de la estabilidad de precios sino también de la estabilidad financiera, y que incluya en su mandato el crecimiento y el empleo
- Crear la Unión Bancaria y una Unión Presupuestaria Europea
- Aprobar una ley de diálogo social y participación institucional en el ámbito estatal, y en el de todas las CCAA que todavía no la tengan, con mecanismos de control y evaluación periódicos
- Transformación de los CES en verdaderos centros de análisis y dictamen sobre las normas y políticas públicas. Recuperar estos consejos en las CCAA donde han desaparecido.
- Derogar la Ley Mordaza
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