Más de un 80% de la plantilla de la Administración de Justicia ha secundado la huelga convocada por los sindicatos contra la reforma de la ley orgánica del poder judicial. Alrededor de 5000 trabajadores y trabajadoras han marchado en Madrid desde el Ministerio de Justicia hasta el Senado para manifestar su rechazo a una reforma lesiva para las condiciones y derechos laborales de los 40.000 funcionarios de dicha administración.

Victoria Carrero, responsable del sindicato de Justicia de UGT, ha declarado que desde esta organización "nos resulta incomprensible que en una época de recuperación de derechos y reversión de recortes se haya orquestado en Justicia una reforma que va a suponer un gravísimo atentado contra la especialización, la formación y la carrera profesional". La modificación obligará a la movilidad forzosa y arbitraria a los trabajadores y destruirá trabajo interino.

Carrero ha afirmado que la reforma afectará de manera especial a los juzgados contra la violencia de género, puesto que la tendencia será la eliminación de la especialización de los servicios.

abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino.

El Senado tiene hasta el día 21 de noviembre para frenar este atentado contra los trabajadores de la administración de justicia y la ciudadanía, que tiene derecho a recibir un servicio ágil y de calidad.

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