Para UGT, CCOO y FEDAVICA, las enmiendas aprobadas en la ponencia de la proposición de Ley de creación del fondo de compensación de las víctimas del amianto respeta en lo sustancial la iniciativa presentada por el Parlamento Vasco, aunque quedan pendientes por desarrollar algunas cuestiones claves para garantizar su eficacia a las personas afectadas

El martes, 28 de junio, la ponencia de la proposición de Ley de creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto en el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el contenido de las enmiendas al texto legal. El trámite continuará el 11 de julio en la reunión de la Comisión Parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras lo cual pasará al Senado para su aprobación definitiva y posterior publicación en el BOE.

Los principales elementos de la actual configuración de la futura Ley son:

•    El Fondo depende orgánicamente del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

•    La Comisión de Seguimiento del Fondo está adscrita al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de agentes sociales, asociaciones de víctimas y expertos.

•    Se da cobertura a exposiciones laborales, ambientales y domésticas.

•    La financiación corre a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, de las indemnizaciones judiciales obtenidas a partir de la subrogación del derecho a litigar a favor del Fondo por parte de las personas afectadas y de las sanciones a empresas en activo por falta de medidas preventivas en casos de exposición a amianto.

•    Desarrollo reglamentario en tres meses a partir de la publicación de la Ley.

A juicio de UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), es una buena noticia que se haya alcanzado un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en torno a un texto que, en lo sustancial, respeta el espíritu de la proposición de Ley enviada por el Parlamento Vasco al Congreso de los Diputados. Sin embargo, las tres organizaciones también advierten de que quedan por desarrollar algunos elementos de vital importancia para completar un instrumento realmente útil para las personas afectadas por este cancerígeno. El primero de ellos es el establecimiento de una exención de tributación por las indemnizaciones previstas en el Fondo, en la línea de la articulada en el Real Decreto-Ley 9/1993, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público. De no ser así, las indemnizaciones se podrían ver sustancialmente reducidas al ser incluidas en el cálculo para el IRPF. Desde los grupos parlamentarios se nos traslada que había una buena acogida para esta propuesta, pero que todavía no se contaba con del Ministerio de Hacienda.

Y el segundo elemento es la determinación de las cuantías de las indemnizaciones, cuestión que queda pendiente del desarrollo reglamentario. A juicio de nuestras tres entidades, esta es la cuestión clave para que el Fondo sea realmente operativo para las víctimas y se convierta en una alternativa real a la vía judicial. Por esta razón, UGT, CCOO y FEDAVICA iniciaremos gestiones en breve con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para intentar garantizar unas cuantías dignas para las personas afectadas.