Por tercer año consecutivo, se alcanza un gasto máximo histórico, que debe impulsar unos Presupuestos Generales del Estado para 2023 que supongan un refuerzo estructural del Estado de Bienestar y apuntalen una salida a la crisis basada en la solidaridad y la justicia social, evitando así un nuevo recorte de la calidad de vida de las familias de nuestro país

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores valora la elevación del techo de gasto a 198.221 millones de euros (un 1,1% más que el año anterior) aprobado por el Consejo de Ministros, que supone el pistoletazo de salida para el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. De esta forma, por tercer ejercicio consecutivo, se alcanza un nuevo máximo histórico, lo cual viene favorecido por la suspensión de las reglas fiscales en la UE desde el año 2020, a consecuencia del estallido de la pandemia, y que actualmente se mantiene como respuesta a la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania.

Para UGT, este aumento debe impulsar unos PGE que supongan un refuerzo estructural de nuestro Estado de Bienestar, pues solo así evitaremos que el difícil contexto actual venga acompañado de nuevas fracturas sociales. Además, el sindicato valora también la decisión de la Comisión Europea de suspender un año más las normas fiscales, aunque queda pendiente una reforma amplia del marco fiscal y de gobernanza de la UE, inoperante ante crisis económicas cada vez más recurrentes.  

Por ello, UGT reivindica que, lejos de iniciar una nueva e injustificada senda de recortes y austeridad, los PGE del próximo sirvan para consolidar el cambio de rumbo experimentado tras el estallido de la pandemia. Unos PGE que deben recoger un refuerzo presupuestario de las principales partidas de gasto social, lo cual debería venir acompañado de un aumento de la cobertura de las prestaciones (desempleo, IMV, dependencia, etc.); y deben servir de palanca para seguir impulsando algunos de los importantes retos estructurales que tenemos por delante (demográfico, ecológico, digital, etc.), con ayuda de los fondos europeos, cuya implementación debe tener en cuenta el diálogo social de cara a garantizar un proceso democrático y efectivo.

Asimismo, el sindicato reclama que la mejor forma de financiar estas políticas sea llevando a cabo una reforma fiscal integral que eleve los ingresos públicos y nos sitúe a la altura de la media europea en términos de recaudación (actualmente, España ingresa 4 puntos menos sobre el PIB que la media de la UE). Tan importante es incrementar los recursos públicos como que ello se produzca sobre la base de una mejora de la progresividad fiscal, es decir, elevando la aportación de las personas y empresas que más tienen e ingresan. En definitiva, en nuestras manos está que los nuevos PGE apuntalen una salida a la crisis basada en la solidaridad y la justicia social, evitando así un nuevo recorte de la calidad de vida de quienes peor lo están pasando.