Entrada en el blog "Valor Sindical" de Pepe Álvarez

Os comparto este artículo, escrito en el diario Público, sobre Alberto Rodríguez, diputado del Parlamento español.

Ha sido objeto de un intenso debate la retirada de la condición de diputado a don Alberto Rodríguez como consecuencia de una resolución del Tribunal Supremo, con dos votos particulares, en la que se le condena a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, habiendo sido sustituida la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros, vamos, 540 euros.

La relevancia, adelanto que negativa, de la actuación judicial es doble.

Por un lado, la condena por el supuesto pateo de un agente de policía se basa en el único y exclusivo testimonio del mismo, como admite sinceramente la Sala, sin mayor evidencia. Frente a ello, la argumentación de los dos magistrados, que sostienen la libre absolución de Alberto, es demoledora y, por ello, es imprescindible transcribirla: “La condena se sustenta como prueba única en el testimonio prestado por el policía agredido, que identificó a su agresor en el juicio, pero no ilustró al tribunal sobre las circunstancias en las que se produjo. (…) Esta extrema parquedad del relato resulta, a nuestro parecer, muy relevante, en la medida en que mal puede valorarse la fiabilidad en la identificación del agresor, cuando ni siquiera conocemos si el agente dispuso de algún tiempo para reparar en su aspecto (al verle, por ejemplo, llegar de frente) o si los hechos discurrieron de forma súbita y en condiciones inadecuadas para dicho reconocimiento”. Si todos estamos expuestos a ser condenados penalmente sin más prueba que la declaración de un agente del orden público, con todo el respeto que estos merecen, nuestro sistema de valores democráticos se pervierte y la presunción de inocencia pierde todo su valor.

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