La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores entiende que las políticas fiscales actuales de la Unión Europea ponen en riesgo la consecución de las prioridades económicas y sociales de Europa, que se enfrenta a un reto clave para el desarrollo de las transiciones gemelas, requiriendo de un esfuerzo inversor muy alto en estos próximos años, por lo que reclama que desaparezcan los límites arbitrarios del déficit y de deuda incluidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que estos sean sustituidos por la definición de unas sendas de gasto que tengan en cuenta las distintas realidades nacionales, y en las que puedan participar tanto sociedad civil como sindicatos.

Unos cambios que se deberían haber producido en el día de ayer, 11 de diciembre, cuando la Eurocámara tenía previsto lograr un acuerdo sobre la modificación de las reglas fiscales de la UE, y acompañar así a la supuesta votación del Consejo de la Unión Europea de la semana anterior, el otro órgano en el que debía refrendarse la posición del legislativo europeo. Sin embargo, esto último no ocurrió, quedando aplazada esta votación para finales del mes de diciembre, lo que deja al Parlamento Europeo sin la necesidad de tener que votar en la sesión plenaria de esta semana.

Por ello, UGT había pedido de manera expresa a los y las representantes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) retrasar la decisión y dotar así de un mayor margen de tiempo para mejorar el acuerdo alcanzado, así como atender a las más de mil enmiendas registradas (muchas de ellas mencionando las exigencias de los sindicatos europeos), petición que fue recogida sólo por las fuerzas progresistas de la cámara. 

La sesión continuó, llegando a alcanzarse un acuerdo que quedará previsiblemente respaldado por la Eurocámara en la sesión plenaria de enero. En él destaca un elemento clave, impulsado por Alemania entre los ministros de finanzas europeos, y que ha ido ganando cada vez más protagonismo en estos meses en los que han transcurrido las negociaciones. Se exigirá una reducción cuantificable del 1% sobre el PIB de la deuda para los países que superen la ratio del 90%, y del 0,5% para los países que se sitúen entre el 60% y el 90%, sin tener en cuenta posibles periodos de recesión económica.

Por otro lado, para dotar de una mayor flexibilidad, se ha aprobado ampliar a 14/17 años (según lo lejos que esté el país de cumplir con el objetivo) el periodo en el cual esta reducción de deuda debería realizarse. De esta forma, desde el año 1 y hasta el 14 o el 17, el país en cuestión tendría que reducir su deuda en la cantidad concreta propuesta del 0,5% o del 1% de media anual. La exigencia de esta reducción cuantificable condicionaría el resto de cláusulas para flexibilizar la senda de gasto, y para proteger unas inversiones que podrían ser las principales perjudicadas por el ajuste de deuda requerido. Además, se recupera el espíritu de la regla del 1/20, incluida en la anterior gobernanza, y que lideró el periodo de austeridad que siguió a la crisis financiera.

Por todo ello, una amplia delegación de UGT se ha unido a la manifestación organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para el día de hoy, 12 de diciembre, en la que se alerta del peligro de volver a unas reglas que permitan el despliegue de unas políticas lideradas por la austeridad. La CES calcula que catorce Estados miembros se verán obligados a recortar 45.000 millones de euros de sus presupuestos el próximo año. En España esa cifra podría alcanzar los 9.000.