El Consejo de la UE alcanzó por fin un acuerdo sobre la Directiva de Diligencia Debida, que es un instrumento legislativo fundamental para hacer frente al trabajo forzoso en todo el mundo y garantizar que las empresas de la UE promuevan los derechos sociales y las buenas condiciones laborales en todo el mundo, y funcionará en tándem con el Reglamento que prohíbe los productos fabricados con trabajo forzoso.

Sin embargo, esta cuenta con un aspecto negativo que es la pérdida de ambición en el ámbito de aplicación, ya que el volumen de negocios neto para que una empresa quede cubierta se acordó inicialmente en más de 150 millones de euros. En febrero, se duplicó a 300 millones de euros. El acuerdo de hoy lo vuelve a subir, a 450 millones de euros y con el nuevo umbral, sólo se verán afectadas unas 5400 empresas: el 0,05% del total.

Esto significa que, “gracias” a los numerosos obstáculos que se han interpuesto en el camino, la Directiva se debilita, y millones de personas trabajadoras que habrían estado protegidos con el compromiso de diciembre se quedan ahora atrás. Tal es el caso que, para países como Alemania, la Directiva cubrirá a menos empresas que su actual legislación nacional.

A pesar de los inconvenientes, la directiva sigue siendo una herramienta poderosa, ya que al adoptar el primer conjunto de normas jurídicamente vinculantes del mundo para exigir responsabilidades a las empresas de la UE y de terceros países y a sus filiales por sus infracciones, Europa seguirá a la vanguardia de la protección de los derechos sindicales y de los trabajadores, así como del medio ambiente.

Por ello, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores instamos a los Estados miembros a que la transpongan rápidamente y la apliquen en su letra y espíritu, y seguiremos trabajando para garantizar que así sea.