El sindicato critica que se compense a los grandes tenedores de vivienda 

► El decreto antidesahucios aprobado en Consejo de Ministros es una medida de justicia social que da respuesta a la demanda de UGT de suspender los procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional, además de modificar la prohibición del corte de suministros básicos a consumidores vulnerables en vivienda habitual. Demanda que se incluyó, a través del Grupo Republicano, en el proceso de tramitación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

► El sindicato recuerda que hay que cumplir el mandato constitucional y garantizar una vivienda digna para todas las personas y que es una obligación moral de cualquier gobierno, especialmente si es progresista, garantizar este derecho. 

► No obstante, UGT critica la compensación prevista a los grandes tenedores de viviendas, muchos de ellos grandes bancos, máxime teniendo en cuenta la ayuda prestada por toda la ciudadanía en la anterior crisis financiera. Tenedores entre los que también hay fondos buitre que hacen negocio en base a la especulación y a costa del derecho de las personas a una vivienda digna.

UGT considera que paralizar los desalojos de los inquilinos vulnerables es una noticia muy positiva, y da respuesta a la demanda presentada por el sindicato y la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2020 en esta materia.

Aunque UGT comparte la necesidad de compensar a los propietarios particulares que se vean obligados a suspender el alzamiento por el impago del alquiler, considera que no todos los propietarios son iguales y recuerda que los grandes tenedores de vivienda siempre ganan.  El sindicato considera que los grandes bancos, rescatados en la anterior crisis financiera, gracias al esfuerzo social, deberían corresponder ahora y asumir parte del coste del decreto antidesahucios. Asimismo, considera que tampoco merecerían compensación económica los fondos buitre que especulan con la vivienda, a costa muchas veces del derecho constitucional de las personas a una vivienda digna .El sindicato considera que en este aspecto el Gobierno cede a las presiones de los grandes propietarios, en contra del interés general. 

Hay que regular ya el precio del alquiler

El sindicato insta, una vez más, a regular el precio del alquiler, pues el 46% de la población del quintil más pobre de España dedica más de un 40% de su renta al alquiler de vivienda (es decir, superan el umbral considerado razonable por los expertos, que se sitúa en el 30%) y recuerda que entre 2013 y 2019 se ejecutaron 250.000 desahucios por impago de alquiler, y 1.013 se ejecutaron durante el primer estado de alarma de 2020. En el ámbito de la UE sólo Finlandia registra una posición más negativa.

Las medidas excepcionales, contenidas en el RDL 11/2020, prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021, son insuficientes porque no tienen en cuenta las dificultades que existían antes de la pandemia, y determinan la urgente necesidad de abordar cuanto antes medidas que permitan a las familias hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna que, en la situación actual, está directamente ligado a la salud. Cabe recordar que UGT y CCOO presentaron en febrero paso una “Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda” que defendía además otras propuestas como el diseño de un plan específico para consolidar un parque público de viviendas y la regulación de las viviendas turística. 

A su vez, en el marco del proceso de tramitación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, UGT trasladó, registrando la propuesta a través del Grupo Republicano, la propuesta de suspender los procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional, además de modificar la prohibición del corte de suministros básicos a consumidores vulnerables en vivienda habitual.