La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, interviene en una jornada organizada por UGT en el Consejo Económico y Social Europeo (CESE)

Una jornada en la que ha considerado que la nueva realidad digital “supone un desafío tanto para jóvenes, como para adultos, y para personas de baja, mediana y alta cualificación. Esto significa que la formación básica en competencias digitales debe llegar a toda la población. El acceso a una cualificación completa digital y ecológica debería constituir un derecho para todas las personas adultas y trabajadoras, en base a una formación validada y certificada en habilidades ecológicas y conciencia ambiental”.

En este sentido, ha considerado que “tienen que aumentar las obligaciones de los gobiernos y las empresas de garantizar formación concreta, eficaz e inclusiva para empleos de calidad y transición justa para los trabajadores y trabajadoras”.

Para Mari Carmen Barrera, uno de los efectos de la crisis sanitaria ha sido “el aumento de la desigualdad en el mercado laboral, debido al incremento del teletrabajo. Las ocupaciones poco cualificadas y mal pagadas tienden a ser incompatibles con el teletrabajo, mientras que las ocupaciones altamente cualificadas con salarios altos ahora también pueden beneficiarse del mismo. Por ello hay un creciente desequilibrio en el mercado laboral asociado a la gran brecha digital”. 

Algo que, ha considerado, “supone una reducción de los empleos de calificación media y salario medio, frente a un aumento de los trabajos de baja y alta calificación y bien remunerados. Si esta tendencia continúa, se está poniendo en riesgo a la importante clase media europea y, con ello, a la preservación del estado de bienestar europeo. Y esto ocurre en un momento donde los movimientos políticos extremos y autoritarios siguen proliferando, que están ligados al aumento de la desigualdad y a la reducción progresiva de la clase media, poniendo en peligro la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”.

Los interlocutores sociales y el Gobierno, imprescindibles en la sociedad del futuro

Por ello, ha afirmado que “el aprendizaje de nuevas capacidades y la adaptación de las mismas a los nuevos retos digitales y ecológicos no pueden ser responsabilidad exclusiva de las personas, sino que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Para garantizar una transición justa, la formación profesional debe estar vinculada a los permisos de formación remunerados. Debemos conseguir que las personas trabajadoras puedan participar en programas y cursos de desarrollo profesional vinculados a nuevos empleos verdes y digitales, con un equilibrio entre la vida laboral y personal de las personas”.

Además, ha reclamado la necesidad de “establecer un seguimiento estratégico de las necesidades de competencias con el fin de anticipar las necesidades de formación demandadas por el mercado laboral. Los interlocutores sociales y los servicios públicos de empleo tenemos un papel destacado en la concepción de un mercado laboral futuro sin desequilibrios o desigualdades y adaptado a las necesidades de las personas trabajadoras y las empresas. En definitiva, en la construcción de una sociedad más justa, algo por lo que luchamos día a día”.