El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, afirma, durante un Encuentro de la Cadena Ser y el Consejo Económico y Social de Castilla y León en Valladolid, que el Gobierno de la región "pone en cuestión el diálogo social y es algo que no se puede cuestionar"

Una situación producida en esta región por, entre otras cuestiones, “la falta de diálogo social. Existen serios nubarrones en los últimos meses que ponen en cuestión el diálogo social como instrumento para concertar, acordar y resolver los problemas de las personas en Castilla y León. Ha habido un periodo tan largo de concertación en esta región que por mucho que se empeñen, las cosas se tendrán que hacer a partir del diálogo y el acuerdo. El Diálogo Social aún funciona gracias al Consejo Económico y Social, pero las políticas del actual gobierno van en la línea de acabar con la concertación y el acuerdo”. 

Un gobierno formado por el PP y Vox que ha procedido a disolver el servicio de mediación y arbitraje en Castilla y León (SERLA), algo que, para Pepe Álvarez, “es un desastre y una vergüenza. Un organismo que está funcionando, dando resultados muy positivos para las empresas y personas trabajadoras, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de las relaciones laborales de Castilla y León, que se cuestiona ahora por razones ideológicas y por ese odio profundo que tiene Vox a las organizaciones sindicales”. 

“Es algo dramático”, ha considerado. “Desde la perspectiva social, este servicio es altamente positivo; desde la económica, en Castilla y león ha dado resultados positivos; y desde el punto de vista del Estado, puede traer más recursos, porque todo lo que se pueda solventar de manera colectiva son recursos que se ahorran desde los juzgados de lo social”. 

El SMI debe subir a 1.100 euros

Recursos que también se deben repartir entre la población trabajadora a través de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.100 euros. “España crece, cada día hay menos que acaparan más y más que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, y el instrumento fundamental para repartir esa riqueza son los salarios”. 

En este sentido, ha reclamado al Gobierno que, “de manera inmediata”, suba el SMI. “Es un gran instrumento para repartir la riqueza y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres. Se ha demostrado que la subida del SMI ha recortado mucho las brechas entre mujeres y hombres. En Alemania, con un SMI de 1.700 euros, lo van a subir un 15%; en Holanda un 13%, Francia más del 10%, Grecia más del 9%...esperamos que el Gobierno de manera inmediata proceda a la subida del SMI”.

Además, también ha exigido el aumento de los sueldos privados. “CEOE tiene que dar un paso adelante y sentarse a negociar un nuevo acuerdo que aumente los salarios. No se puede continuar manteniendo que no se está generando riqueza en nuestro país, porque es contradecir todos los informes de organismos nacionales e internacionales. Tampoco se puede decir que la subida de salarios genera más inflación, porque se ha demostrado que lo que ha generado inflación han sido los beneficios empresariales. El afán de las empresas energéticas y eléctricas de acaparar beneficios a costa de subir los precios y empobrecer a las personas se tiene que acabar. 2023 tiene que ser el año de subir los salarios”. 

Un Estatuto del Trabajo del siglo XXI

Durante su intervención, Pepe Álvarez ha señalado que “España es un país que, a pesar de los datos económicos positivos, tiene un problema de casi 3 millones de personas desempleadas. Se debe hacer frente a esta situación aplicando la reforma laboral del 2021, que se ha demostrado útil y efectiva en el año que lleva en vigor, y actualizando el Estatuto de las Trabajadoras y los Trabajadores, que se impulsó en la década de 1980, cuando no existía ni la digitalización, ni el teletrabajo, ni el movimiento por la igualdad ni la necesidad de establecer una transición medioambientalmente justa”.

Pero también formando a las personas en desempleo. “No tiene sentido tener a 3 millones de personas en desempleo y que alguien pretenda ir a contratar en origen a trabajadores y trabajadoras para distintos sectores. Se puede y se debe formar a las personas desempleadas de nuestro país. Es imprescindible que los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas dediquen esfuerzo y tiempo a trabajar con los parados y paradas para que puedan ocupar estos puestos de trabajo. Los países donde el nivel de empleo es más alto es donde hay más acompañamiento y orientación, algo que nos ayudaría a llegar al pleno empleo”.

Las mujeres deben poder abortar libremente en Castilla y León, como en toda España

En relación a la limitación al derecho al aborto que pretende establecer el gobierno de Castilla y León, el Secretario General de UGT ha afirmado que “los gobiernos no están para hacer planteamientos ideológicos más allá de lo que marcan las leyes. Hay una legislación estatal que la Junta tiene que cumplir, que permite que las mujeres, ante una situación tan dramática como es la de interrumpir un embarazo, lo puedan hacer libremente”.

Por tanto, ha manifestado con rotundidad que “la Junta tiene que cumplir la ley, permitir que el sistema continúe y fluya, que los profesionales sanitarios puedan hacer su trabajo y que las mujeres puedan decidir libremente si quieren ser madres o no”.

Las pensiones subirán este año un 8,5% gracias a la concertación y el acuerdo

Durante su intervención, el Secretario General de UGT ha puesto en valor el diálogo social en los últimos años a nivel nacional, con acuerdos como el de la reforma laboral, la subida del SMI o la reforma de las pensiones. En relación a esta cuestión, ha recordado que “hay abierta una negociación con el Gobierno sobre la segunda fase de la reforma de pensiones, que para nosotros tiene que servir para dotar de más recursos a la Seguridad Social. Es imprescindible destopar las bases y homologarlas a los países de nuestro entorno. Portugal, con salarios más bajos que en España, tiene el tope en 6.000 euros, y el resto está entre 9.000 y 10.000 euros al mes”. 

En este sentido, ha manifestado la necesidad de llegar a un acuerdo “que asegure la viabilidad y sostenibilidad del sistema, al nivel del primer acuerdo de pensiones, que es tan efectivo que hoy en día las personas pensionistas van a tener un aumento del 8,5% en sus pensiones, frente al 0,25% que preveía la reforma del PP”.