► Las recomendaciones del FMI vuelven a realizarse desde el prisma neoliberal e ignoran las debilidades de un modelo económico, en el que no se reparte la riqueza y en el que se han disparado las desigualdades.

►UGT  defiende que hay que atajar, de una vez por todas, el fraude en la utilización de los contratos temporales y que se necesita una política fiscal en la que paguen más lo que  más tienen.

► El sindicato hace un llamamiento para que España y Europa utilicen las palancas monetarias y fiscales necesarias para contrarrestar los efectos derivados de la crisis originada por el Coronavirus. En este sentido, y a diferencia del FMI, UGT defiende que la política fiscal no debe ser “neutral”, sino expansiva.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer la declaración final de la Misión de Consulta del Artículo IV para España. En un escenario donde el impacto del Coronavirus se reconoce como de gran importancia cualitativa, pero no se asigna por el momento una cifra a dicho impacto, destaca con claridad la recomendación de políticas que garanticen el funcionamiento del sistema sanitario y que proporcionen asistencia a los sectores afectados y los colectivos más vulnerables.

Por otra parte, como ha sucedido desde la salida de la crisis –y suponiendo una importante diferencia con su línea anterior- el FMI reconoce las disparidades socioeconómicas nacionales, la elevada temporalidad, la pobreza laboral y la falta de alquiler asequible, como elementos definitorios del escenario español.

Asimismo, coincidiendo con el análisis de UGT, se reconocen problemáticas específicas surgidas en la recuperación económica, como el acortamiento en la duración de los contratos temporales y el uso indebido de la flexibilidad en los contratos a tiempo parcial. En cuanto al apartado fiscal, el FMI admite, explícitamente, la baja recaudación impositiva que España presenta comparada con los países de su entorno. La inclusión en sus diagnósticos de estas disfunciones, que desde los sindicatos venimos poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo, es positiva.

Sin embargo, a juicio de UGT, el FMI no ha diagnosticado correctamente alguna problemática importante, al tiempo que sigue insistiendo en recomendaciones que se han probado desacertadas o que resultan fuertemente contradictorias con otros elementos reconocidos del escenario. Sigue primando una óptica excesivamente centrada en los incentivos desde el lado de la oferta, cuando su alcance se ha probado insuficiente, y una reticencia a admitir la necesidad de expansiones fiscales significativas, cuando el alcance de la política monetaria está agotado.

También hay una evidente falta de atribución de efectos indeseados a fenómenos originados en dinámicas del sector privado, como pueden ser burbujas inmobiliarias, sean en el pasado o la que se vive ahora en los precios del alquiler.

Específicamente en el terreno inmobiliario, UGT opina que el diagnóstico del FMI yerra de manera muy fundamental al no introducir como factor en los precios, inasequiblemente altos, la demanda adicional que el uso turístico de las viviendas en alquiler tiene sobre ofertas muy reducidas, como las que se presentan en las grandes ciudades. Se insiste en medidas ligadas a la recalificación del suelo, que ya se demostraron insuficientes y erróneas cuando se recomendaron para frenar la burbuja inmobiliaria previa a 2008.

En opinión de UGT, que hace poco publicaba su propuesta, conjunta con CCOO, en materia de vivienda, el control de precios en determinadas zonas y la regulación del uso turístico son elementos claves si se quiere actuar con el problema a corto plazo. La constitución a medio plazo de un parque público suficiente de vivienda en alquiler que aumente la oferta sería otro factor principal a la hora de garantizar el acceso a precios asequibles. El diagnóstico del FMI parece condicionado a un enfoque que no admita la actuación pública, ni la regulación del mercado, ni el establecimiento de precios máximos, lo cual restringe su alcance y limita su efectividad.

inadecuadas recomendaciones

UGT también considera inadecuadas alguna de las recomendaciones del FMI en materia de mercado laboral. Primeramente, se insiste en dar centralidad a la diferencia de indemnizaciones entre el contrato temporal y el indefinido como causa principal de la excesiva temporalidad, pero al mismo tiempo reconociendo lo efectivas que han sido, hasta el momento, las medidas que se han encarado por la vía de notificar a las empresas que se había detectado un uso abusivo, lo que denota la relevancia del fraude en la contratación en la situación endémica española.

Al contrario de lo que otros organismos reconocen, el FMI no consigna que la excesiva temporalidad puede también estar asociada a la falta de un sistema suficientemente disuasorio. Tampoco que el uso de la temporalidad pueda deberse a factores extra salariales. Además, llama la atención, en opinión de UGT, la propuesta de incluir una “mochila austriaca” sufragada por el empleador en este apartado, sin que esto tenga aparentemente relación directa con las altas cifras de la temporalidad, y sin que esta medida haya demostrado efectividad alguna fuera de Austria, que previamente no disponía de indemnización por despido.

En cuanto a la pobreza laboral, llama la atención que no se la ligue a situaciones de descentralización de la negociación colectiva, cuando se ha visto que ésta ha sido abundantemente utilizada por empresas grandes, con poder de mercado en sus territorios, para deteriorar hasta los niveles mínimos los salarios y condiciones laborales de los trabajadores, y no tanto para dotar de flexibilidad a las PYMES como se pretendía.

En términos generales el FMI parece ser reticente a reconocer cómo la evidencia empírica en asuntos del mercado laboral (el efecto de las subidas de Salario Mínimo, la descentralización de la negociación colectiva o el desequilibrio del poder negociador en el mercado laboral) ha demostrado que los efectos reales eran casi completamente opuestos a los que se pronosticaban antes de la crisis. Asimismo, que las líneas de actuación citadas tienen un impacto apreciable y desfavorable en términos de desigualdad.

Aumento de la presión fiscal

Por último, el FMI recomienda aumentar la presión fiscal para afrontar políticas de gasto, cosa que UGT considera necesario en términos estructurales. No obstante, la recomendación del FMI pasa por aumentar la imposición indirecta (IVA), claramente regresiva, mientras no hay ninguna mención a reequilibrar la capacidad recaudatoria de otras figuras como el Impuesto de Sociedades, muy condicionado en este momento por la capacidad para imputarse aun pérdidas sufridas durante la crisis, o la imposición sobre la riqueza y las rentas más elevadas, claramente infraponderadas en el sistema actual. Esto desequilibra y hace más injusta la capacidad recaudatoria del actual sistema.

A tenor de lo observado, UGT valora que, aunque se constate un diagnóstico más abierto y completo en la praxis del FMI, en sus recomendaciones sigue primando una perspectiva inadecuada, basada en un enfoque neoliberal fundamentalista del mercado, que no ha recogido aún los defectos que se han probado tras la crisis.

UGT, en el momento económico que España y Europa se encuentra, hace un llamamiento a que la prioridad debe ser impulsar la actividad económica y dotar el impulso necesario para contrarrestar los efectos derivados de la crisis originada por el Coronavirus. Para ello deben utilizarse todas la palancas monetarias y fiscales, incluso habilitar nuevos mecanismos a escala de la Unión Europea. A diferencia del FMI, UGT piensa que la política fiscal no debe ser “neutral”, sino expansiva.