Ahora sí toca el SMI y las reformas laboral y de pensiones

► UGT considera que las medidas aprobadas hoy en Consejo de Ministros para ampliar el escudo social son muy necesarias, de justicia y de sentido común, y recuerda que forman parte de sus reivindicaciones desde el inicio de la crisis sanitaria. En este sentido, valora positivamente la prórroga obligatoria de contratos de alquiler, la moratoria de hipotecas, la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a familias vulnerables, que se incentiven los créditos al consumo, la cláusula de salvaguarda, o la  prórroga del Plan Me Cuida. 

► UGT considera que prorrogar el escudo social no es suficiente y que es preciso retomar ya las negociaciones paralizadas, antes de la pandemia, para avanzar en la reconstrucción de un país bajo los parámetros de la justicia, la igualdad y el empleo de calidad y con derechos.

UGT califica de productivo y positivo el Consejo de Ministros de hoy que ha aprobado medidas esenciales para garantizar la protección a personas y empresas, a la vez que toma la iniciativa y avanza en medidas fundamentales para fortalecer el escudo social y relanzar nuestra economía. El sindicato considera que muchas de estas medidas deberían tener carácter permanente, para garantizar la justicia social y avanzar en la igualdad, sobre la que se debe asentar la necesaria reconstrucción económica y social de nuestro país. 

Prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, prohibir los desahucios y los cortes de suministro energético

UGT viene reclamando desde hace tiempo que se blinden algunas de las medidas implementadas en materia de vivienda durante la pandemia, de tal forma que adquieran un carácter estructural y permanente, a fin de proteger no solo a aquella parte de la población más golpeada por la Covid-19, sino también a las personas que ya presentaban dificultades en el acceso y mantenimiento de una vivienda. Medidas implementadas a través del Real Decreto Ley 11/2020, como la suspensión de los procedimientos de desahucios sin alternativa habitacional.

En lo que respecta al sector del alquiler, al menos hasta que se establezca una regulación de los precios en aquellas zonas declaradas como tensionadas, el sindicato considera prioritario conservar indefinidamente la prórroga automática de los contratos de arrendamiento en vivienda habitual, evitando así nuevas subidas abusivas en el precio del mismo.

Asimismo, el sindicato ha demandado reiteradamente el mantenimiento de la prohibición de los cortes de suministro energético y de agua en vivienda habitual a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como la flexibilización de las condiciones de acceso al bono social.

Cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación

Esta medida aprobada hoy en Consejo de Ministros también es fruto de la demanda sindical en el marco de la mesa de diálogo social sobre pensiones, si bien los sindicatos reclaman una solución definitiva. En este sentido, lo aprobado hoy es una medida parcial, pero sería necesaria la derogación expresa de las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013. 

Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente, año a año, todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación.

Se trata de una garantía jurídica que permitía el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo. De esta forma se garantizaba, para quien lo precisara, no en todos los casos, que ninguna persona viera disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido.

Desde las centrales sindicales se ha venido insistiendo al Ministerio de Seguridad Social respecto de la necesidad de reponer la situación que fue objeto de acuerdo en el diálogo social en 2011, corrigiendo las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013 y que ha sido objeto de prórrogas por dos veces en los últimos dos años, y cuyos efectos caducaron el pasado 31 de diciembre.

Prolongación de los ERTEs

Los agentes sociales, en un nuevo ejercicio de responsabilidad, llegaron a un acuerdo con el Gobierno para prorrogar los ERTE, al menos, hasta que dure el estado de alarma, el 31 de mayo de este año. El nuevo pacto ratificado hoy en Consejo de Ministros mantiene importantes avances sociales, como el contador a cero en la prestación por desempleo hasta 2022, la imposibilidad de despedir en los seis primeros meses de que finalice el ERTE, la ampliación de las exoneraciones y el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones.

Esta nueva prórroga, especialmente importante, dada la incidencia de esta tercera ola de la pandemia, posibilita el mantenimiento de empresas, preservar el empleo y frenar un mayor impacto de esta crisis en nuestra economía. El Acuerdo, que sólo introduce cambios muy concretos respecto al anterior, evitará el cierre de muchas empresas y garantizará el empleo de muchas personas trabajadoras en nuestro país.

Plan Me Cuida

UGT viene denunciando desde el inicio que el Plan Me Cuida es positivo, pero se queda corto. No es suficiente y es preciso reformularlo.  Hay que adoptar, desde el consenso, nuevas medidas, como un permiso retribuido temporal, a cargo de un fondo de compensación que garantice los derechos de conciliación para las personas trabajadoras ante los posibles escenarios de cierres de colegios o de un centro de mayores o la suspensión de actividad lectiva de forma presencial que permita cumplir con sus deberes de cuidado, pero sin la merma o pérdida de salarios.

El sindicato considera que es preciso incluso ir más allá y pensar a medio y largo plazo, una vez superada la pandemia. Se trata de repensar la política de cuidados de este país, aumentar la inversión en esta materia, los servicios públicos para la atención a personas dependientes y la protección social en relación a dichos cuidados. Hay que ampliar la oferta de servicios de escuelas infantiles de 0 a 3 años y de cuidados de larga duración que deben ser accesibles y asequibles y facilitar la inversión pública.

No obstante, el sindicato quiere poner en valor el reciente acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre la Ley de Atención a la Dependencia, es un elemento fundamental que permite retomar el sentido inicial de esta ley y dignificar las condiciones de empleo y protección social que realizan las personas empleadas bajo la relación laboral especial de ayuda a domicilio.

Movilizaciones el día 11 de febrero porque #AhoraSíToca

UGT considera que prorrogar el escudo social no es suficiente y que es preciso retomar ya las negociaciones paralizadas, antes de la pandemia, para avanzar en la reconstrucción de un país bajo los parámetros de la justicia, la igualdad y el empleo de calidad y con derechos.

En este sentido, recuerda que el día 11 de febrero, se celebrarán movilizaciones en todo el territorio nacional para exigir la subida ya del Salario Mínimo Interprofesional, una medida que no solo aliviará a los trabajadores que menos ganan, sino que incentivará la demanda interna y favorecerá la recuperación económica. El sindicato recuerda que el Ejecutivo se ha comprometido a subir el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio antes de finalizar esta legislatura. UGT exige que este año alcance ya los 1.000 euros al mes.

Por otro lado, también es preciso abordar, de manera inmediata, derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, para que la recuperación no se asiente sobre la precariedad y temporalidad de empleos, como ocurre ahora. UGT recuerda que las negociaciones para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 estaban ya muy avanzadas antes de la llegada de la pandemia.

Asimismo, el Gobierno debe derogar la reforma de pensiones de 2013, impuesta por Ejecutivo del PP y que empobrece a los pensionistas presentes y futuros, y llegar a acuerdos a partir del Acuerdo de Pensiones de 2011, consensuado por los interlocutores sociales y el Gobierno y que aún está vigente. Se trata de mejorar, en ningún caso recortar, Sistema Público de Pensiones, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas e implementando medidas para mejorar los ingresos del Sistema de Seguridad Social.