Las protestas desencadenadas en Colombia tras el asesinato de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, sucedido el pasado 8 de septiembre en un indisimulado ejercicio de brutalidad policial, han sido respondidas por el gobierno colombiano con una política represiva que arroja el trágico y vergonzante saldo de trece manifestantes asesinados y más de cuatrocientos heridos. La central sindical CUT ha denunciado también la intimidación a la que han sido sometidos diferentes defensores de derechos humanos que realizaban labores de verificación. Estos hechos se añaden a las ya gravísimas vulneraciones de los DDHH que tienen lugar desde hace décadas en Colombia, donde cientos de líderes sociales, incluyendo sindicalistas, son asesinados cada año. 
 
La situación estructural de violencia que afecta al país andino incluye, además, el sistemático boicoteo del actual gobierno conservador a la implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Tras casi cuatro años desde la histórica firma de los acuerdos, los incumplimientos son generales y el gobierno, lejos de garantizar la seguridad de los ex guerrilleros a la que se comprometió, alienta la persecución y violencia, habiendo sido asesinados más de doscientos en los últimos cuatro años.
 
La respuesta violenta del gobierno del uribista Iván Duque se enmarca en un escenario de degradación del estado de derecho de nuestro país hermano, tras el acoso que vienen sufriendo desde el oficialismo las instituciones judiciales colombianas, después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictara una orden de prisión sobre el ex presidente Álvaro Uribe, en el marco de una investigación sobre sus vínculos con el paramilitarismo, responsable directo de innumerables matanzas y del tráfico de drogas en Colombia. 
 
Las organizaciones sindicales colombianas, junto con las Confederación Sindical de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), de las que UGT forma parte, continuamos denunciando la insostenible situación de violencia en Colombia, que solo en el 2020 acumula 213 líderes sociales y 43 firmantes del acuerdo de paz asesinados, además de contabilizarse más de 40 masacres desde el 1 de enero. 
 
Las constantes violaciones de DDHH y los ataques del gobierno colombiano a las instituciones democráticas no parecen estar, desgraciadamente, en el foco de atención de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea ni en el de muchos medios de comunicación. Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) instamos al gobierno de España a que lidere una posición firme de condena a estos episodios violentos, de exigencia de respeto a los DDHH y de respeto e implementación a los Acuerdos de Paz de La Habana en el seno de la Unión Europea, de manera que tanto ésta como sus Estados miembro presionen al gobierno colombiano a emprender un verdadero compromiso con el fin de la violencia y el respeto a las instituciones y a la democracia de este país.