El 5 de octubre de 2022, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. La misma ley establecía un plazo de tiempo de 90 días, desde su publicación en el BOE (19 de octubre de 2022), para la aprobación de un Reglamento que regulará cuestiones cruciales, como la cuantía de las indemnizaciones, y las condiciones para poder acceder al Fondo, así como el procedimiento a emplear para cursar las peticiones de las víctimas.

A día de hoy nos encontramos con que el Gobierno no ha aprobado el Reglamento, y además ha elaborado un proyecto de Reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, la Seguridad Social y Migraciones, que contradice el espíritu de la Ley, entre otras cosas, porque otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales. Las cantidades propuestas en el proyecto de RD son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la Talidomida. A esto hay que añadir que las personas afectadas por el amianto tendrían que tributar en el IRPF por sus indemnizaciones, lo que supone profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría.

También es inaceptable que, en dicho proyecto, los familiares de las victimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones, por cuanto, hay que tener en cuenta que el amianto se prohibió el año 2001 y la Ley aprobada se empezó a tramitar el 2013 en el Parlamento Vasco y fue registrada por primera vez en el Congreso de los Diputados el año 2016.

En el seno de FEDAVICA, UGT y CCOO nuestra indignación va en aumento, y nos hacemos las siguientes preguntas:

•    ¿Cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos de la Ley, cuando ha sido aprobada por unanimidad por parte del Parlamento Vasco (en tres ocasiones), el Congreso de los Diputados y el Senado?

•    ¿Cómo es posible que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asigne a las víctimas del amianto y sus familiares unas indemnizaciones más de tres veces inferiores a las establecidas para otros colectivos en similares circunstancias?

•    ¿Cómo es posible que no esté prevista una exención fiscal para las indemnizaciones de las víctimas del amianto como la que ya existe para otros colectivos?

•    ¿Por qué el Gobierno no respeta el espíritu de la Ley que fue promovida en un principio por el Parlamento Vasco y posteriormente por el Congreso de los Diputados y el Senado?

Creemos que por justicia el Gobierno en funciones tiene el deber de aprobar el Reglamento del Fondo de Compensación, sin más dilaciones, respetando el espíritu de la Ley y sin convertir a las personas afectadas por el amianto en víctimas de segunda categoría.