Las desigualdades salariales en la Administración General del Estado (AGE) no solo se mantienen dos años después de que la Federación de Empleados Públicos de UGT presentara su primer balance, sino que en algunos casos se han incrementado como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales. Así lo constata el Mapa de la Desigualdad salarial en la AGE elaborado por FeSP-UGT, y en el que se hace balance de los dos años de gestión en esta materia del Gobierno socialista.

El documento repasa las diferencias que se registran entre los diferentes regímenes contractuales existentes (funcionarios y laborales), entre el personal de los distintos ministerios e incluso dentro de un mismo organismo, según ha denunciado Carlos Álvarez, secretario federal de la Administración General del Estado de FeSP-UGT.

El sindicato había denunciado el Convenio Único del personal laboral en 2015, con motivo del Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había tildado de injustificables esas diferencias entre las dos categorías de la Administración española, en las que se integran cerca de 150.000 funcionarios y alrededor de 50.000 laborales, de los que solo unos 40.000 están regulados por el Convenio Único.

El 4 de marzo de 2019 FeSP-UGT suscribió el IV Convenio Único con el Gobierno socialista, pero tras su paralización no se ha desarrollado ningún aspecto y, por tanto, las diferencias se mantienen en las retribuciones básicas. De este modo, mientras un funcionario del grupo A1 percibe una retribución total media de 56.890 euros, su equivalente laboral, el grupo G, cobra 31.360 euros.

La brecha salarial se produce también entre distintos Ministerios. Acabar con esa diferencia fue el propósito del acuerdo de niveles mínimos con cargo a los Fondos Adicionales de 2018 y 2019, que ha sido incumplido por parte del Gobierno.

“Hay Ministerios de los que la gente huye y otros que son atractivos”, ha asegurado Carlos Álvarez en la presentación del documento, para resaltar los motivos que justifican el importante flujo que se produce en los concursos de traslados, que evidencia el diferente atractivo económico que para los empleados públicos presentan los distintos Ministerios. Con el fin de reducir esas diferencias, UGT firmó un acuerdo que establecía la elevación de los importes más desfavorecidos. Sin embargo, el acuerdo solo se ha cumplido a medias, lo que, a su vez, ha generado nuevas brechas.

Las diferencias persisten incluso dentro de un mismo organismo. Un caso prototípico es el de Instituciones Penitenciarias, en donde el complemento específico va ligado al centro penitenciario en el que se trabaje, en virtud de una clasificación que data de 1989 y que agrupa a las prisiones en diferentes categorías en función de la estructura arquitectónica de cada cárcel. No obstante, el responsable de AGE de FeSP-UGT  ha señalado que en este asunto sí se está abordando la negociación.

Otro ejemplo significativo de brecha salarial es el que representan los salarios del personal de la Administración de Justicia transferida a las comunidades autónomas y los del Ministerio. Los trabajadores del País Vasco y Navarra son los mejor pagados de toda España y sus complementos pueden llegar a duplicar los del personal dependiente del Ministerio de Justicia.

El balance tras los dos años del Gobierno socialista es que las diferencias se mantienen, en algún caso por la mala aplicación de los pactos alcanzados. Por ello, FeSP-UGT exige el cumplimiento de los acuerdos y convenios firmados antes de la pandemia, como son el Acuerdo de Fondos Adicionales (2018,2019 y 2020), el IV Convenio Único del Personal Laboral y el desarrollo de la Oferta de Empleo Público de 2019. “Queremos que se cumpla lo pactado para reducir esa brecha salarial”, señaló Álvarez.

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