La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo – con presencia de representantes de la Comisión Europea – ha decidido admitir a trámite la denuncia interpuesta por los agentes sociales por la quiebra del Diálogo Social. 

La petición ha sido presentada por UGT y CCOO con la presencia de Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León y de Oscar Lobo, secretario de organización; junto a representantes de CCOO. 

Según los artículos 151 y 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es fundamental el fomento del Diálogo Social como un objetivo común a alcanzar dentro del marco europeo, reconociendo el papel de los agentes sociales. Así, Europa va a investigar esta situación de vulneración del Diálogo social atendiendo a las denuncias de UGT y CCOO en Castilla y León.

Durante la vista de la petición, tramitada como trámite de urgencia, por el final del mandato legislativo a finales de abril ha sido muy dura, sufriendo acusaciones muy graves por parte de Jorge Buxadé – diputado en el Parlamento Europeo por Vox y vicepresidente de Acción Política de dicho partido, afirmando que “el objetivo de VOX es acabar con los sindicatos de clase.”.

La actitud agresiva durante la vista ha provocado un intenso debate entre las y los representantes de las diferentes formaciones políticas presentes, como Cristina Maestre, diputada y miembro de la Comisión, así como la presencia relevante de eurodiputados socialistas, incluida Iratxe García (PSOE) y de Renew Europe (Ciudadanos), todos ellos votando a favor de que se investigue la denunciado por UGT y CCOO; la votación se ha ganado en un escenario de 15-13 votos, quedándose solos el Partido Popular (PP) y Vox en dicha votación.

Desde UGT, además, trasladaremos al Comité de Regiones este tema para verificar si esta vulneración de derechos también se da en otras regiones y Comunidades Autónomas en España. 

De esta forma, se abre ahora un periodo donde por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea se pedirán explicaciones al gobierno regional de Castilla y León como al propio gobierno español por las vulnerables del derecho al diálogo social. Además, la Comisión ha decido elaborar una declaración institucional sobre la defensa del diálogo social y de los agentes sociales.