El Plan de Recuperación, una oportunidad histórica para impulsar un modelo económico y social más justo, igualitario y sostenible
Fecha: 27 Abr 2021
- UGT considera que el Plan de Recuperación, que ha aprobado el Consejo de Ministro, tiene que convertirse en una oportunidad que no se puede desaprovechar para construir un nuevo modelo económico y social, y un mercado laboral más justo, igualitario, estable, sostenible y fuerte.
- El documento que remite el Gobierno a Bruselas es genérico y permite aportaciones fundamentales en el marco del diálogo social.
- El Plan debe servir para cohesionar territorialmente España, avanzar en la igualdad y dar respuesta a los verdaderos retos que debe afrontar nuestro sistema productivo, siempre bajo los parámetros de empleo estable y el respeto a los derechos laborales y sociales.
- Este Plan debe trasladarse del papel al sistema productivo y todos los proyectos deben ir acompañados de una memoria económica y de empleo.
El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que remitirá a Bruselas, tiene que ser una oportunidad histórica para reconvertir nuestro modelo económico y nuestro mercado laboral, para que sea más justo, estable y sostenible.
El plan contempla destinar el 39% de los fondos a la transición ecológica, el 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i. Además, establece que hay modernizar nuestro mercado de trabajo, garantizar el Sistema Público de pensiones, el sistema de salud, el sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.
Así en el periodo 2021-2023 están previstas inversiones públicas por importe de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto "inmediato" en la economía y en el empleo este mismo año. Los planes vinculados a estos fondos tienen que estar supeditados a la creación de empleo estable y con derechos.
Mercado laboral
El Gobierno considera que los fondos europeos permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años, pero debe detallar una memoria económica y saber en qué sectores y afrontando qué retos.
Pero para UGT no vale cualquier empleo. Hay que actuar sobre un mercado laboral enfermo y frágil, fruto de las dos últimas reformas laborales, que han precarizado y devaluado las condiciones de trabajo y los salarios. En este sentido, el sindicato defiende la derogación de las mismas, para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y facilitar así la modernización del mercado de trabajo, porque a partir del desequilibrio es complicado llegar a acuerdos, máxime cuando la patronal lo tiene ahora todo.
Por eso, es primordial actuar ya en la recuperación de la ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa, actuar sobre las subcontrataciones, al albur de las empresas multiservicios, y acotar los despidos colectivos. Es necesario volver a causalizarlos, porque esa falta de regulación unida a lo barato que resulta despedir es un agujero negro en nuestro mercado laboral.
Como lo es también la excesiva temporalidad y precariedad de los contratos que cada vez dura menos. El sindicato considera que hay que perseguir de manera decidida el fraude en la contratación, que los contratos fijos sean la norma y no la excepción y penalizar a los que incumplen o intentan burlar la ley. Para atajar la temporalidad, no importa tanto, el número de modalidades de contrato, como controlar y penalizar este fraude.
Reforma de pensiones
En el documento que el Gobierno remite a Bruselas se contempla también la reforma de nuestro Sistema Público de Pensiones, con reformas previstas para este año y para el próximo.
UGT considera que esta reforma, no debe suponer ningún recorte, al contrario, debe establecer las pautas para garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento del sistema público de pensiones.
Para ello, es fundamental derogar la reforma de pensiones de 2013, impuesta por el Gobierno del PP, y eliminar el Factor de Sostenibilidad. A partir de ahí, hay que volver al último Acuerdo consensuado en Pensiones, el de 2011 y recuperar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para garantizar el poder adquisitivo de nuestros mayores.
El sindicato también se opone a que se penalicen las jubilaciones anticipadas involuntarias, porque la gran mayoría proceden del desempleo, de EREs, despidos y ceses colectivos a iniciativa de las empresas. Asimismo, exige una reforma legislativa para no penalizar las largas carreras de cotización.
UGT insiste que nuestro sistema no tiene un problema de gastos sino de ingresos y que es preciso acabar con los gastos impropios de la Seguridad Social, destopar las cotizaciones y que las pensiones no solo se financien con cotizaciones, sino también con impuestos.
Otras reformas
Otras de las reformas que se llevarán a Bruselas es la reforma fiscal. UGT aboga por una reforma integral de nuestro sistema impositivo, de tal forma que pague más quien más tiene y perseguir, sin descanso, el fraude, la elusión y la evasión fiscal.
Considera que hay que recaudar más porque es esencial para atender las necesidades de las personas y de las empresas, para reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación y nuestro sistema de dependencia y de cuidados. Cuestiones esenciales tal y como se ha puesto de manifiesto, más que nunca, con la pandemia.
Por otro lado, el sindicato insiste en que los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación son vitales para fortalecer nuestra industria, para incrementar la digitalización y la economía verde, pero todo se debe hacer bajo los parámetros del empleo estable, la transición justa, la formación de los trabajadores y trabajadoras y la cohesión social y territorial. Hay que diversificar actividades y crear oportunidades de trabajo y empleo en el medio rural, en la llamada España vaciada, vital en este nuevo modelo de crecimiento para construir un país con presente y de futuro.
Los planes que financien con esos fondos tienen que contar con el respaldo de los agentes sociales y ese debe ser un factor fundamental a la hora de su aprobación por el Gobierno.