Mari Carmen Barrera defiende en el plenario del CESE una política fiscal que refuerce los objetivos de cohesión

El plenario del Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó ayer, sin ningún voto en contra y con una sola abstención, un dictamen referente al 8º informe sobre la cohesión, en el cual la Secretaria de Políticas Europeas de UGT, Maricarmen Barrera, ha sido la presidenta.
Desde UGT, y en concordancia con este dictamen aprobado, consideramos que la Política de Cohesión debe tener un enfoque que abarque todas las políticas esenciales, como, entre otras, las políticas fiscales, siendo preciso proponer reglas de política fiscal impulsadas desde el ámbito europeo para reforzar la cohesión.

En esta línea, entendemos fundamental un nuevo enfoque de política fiscal, impulsado desde el ámbito europeo, que refuerce los objetivos de cohesión establecidos. Para ello, es necesario impulsar una política fiscal que tenga como objetivo acabar con la competencia actual existente entre los países de la Unión, debido a que los 27 sistemas fiscales diferentes permiten un beneficio desigual en la generación de riqueza y el uso del factor trabajo, por parte de las multinacionales, contribuyendo a las desigualdades crónicas. Asimismo, corremos el riesgo de que las disparidades existentes entre las políticas fiscales de los estados miembros puedan hacer crónica de la existencia de una Europa de dos velocidades.

En ese sentido, el año 2022 supondrá el final del plazo establecido por la Comisión Europea para la suspensión del Pacto de Estabilidad, que ha permitido, en los años 2020 a 2022, superar los límites de deuda y déficit público establecidos en el pacto, sin que los países los infractores han sido objeto de mecanismos correctivos en caso de desequilibrios fiscales. La realidad de la crisis de la pandemia se impuso y abrió la puerta a esta suspensión temporal que, previsiblemente, terminará en 2022 y volverá a estar vigente en 2023.

A este respecto, advertimos del riesgo que supone la recuperación en 2023 del Pacto de Estabilidad Presupuestaria que podría ocasionar un fuerte impacto en los objetivos de cohesión, dadas las nuevas características de la crisis humanitaria en la que se encuentra inmersa Europa a causa de la guerra de Ucrania. Por ello, consideramos que no se debe perder el foco en promover un debate constructivo y consensuado, que plantee la posibilidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de dichas reglas fiscales, trabajando en tres ejes: la sostenibilidad de la deuda pública de los países, los mecanismos de gobernanza económica europea y una recaudación tributaria europea más equitativa y progresiva.

Tras la crisis de la pandemia de COVID-19, la Unión Europea y el resto del mundo deben hacer frente a una emergencia climática y medioambiental acuciante. De no haberse producido la pandemia, la lucha contra la emergencia ambiental sería el principal objetivo de la Unión Europea, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De igual modo, en un dictamen de iniciativa reciente, aunque centrado en el ámbito de la educación, el CESE recordó a la Comisión y a los Estados miembros que deben conectar mejor las políticas medioambientales con las políticas de empleo.

Una transición que genere oportunidades

No obstante, la transición hacia una economía descarbonizada requiere también de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, ya que la emergencia climática es un factor de alto riesgo en términos de cohesión, por el efecto desigual que producen en las mismas. La transición hacia un modelo productivo más ecológico y socialmente beneficioso solo se logrará impulsando la transición ecológica de las empresas, las metodologías de trabajo y el mercado laboral en general. Estos esfuerzos crearán, a su vez, oportunidades de empleo decente, el aumento de la eficiencia de los recursos y la construcción de sociedades sostenibles en el largo plazo.

Por todo ello, es necesario tener en cuenta las recomendaciones y directrices políticas que puedan contribuir a mejorar la capacidad de los Estados miembros, y su marco normativo y político, para afrontar las oportunidades y retos de la transición ecológica y la descarbonización a través de un Estrategia de Transición Justa, que sirve como guía de acción para optimizar beneficios y minimizar riesgos en materia de empleo, condiciones de trabajo y protección social.

Sin embargo, se deben tomar más medidas para complementar el Fondo de Transición Justa, particularmente a nivel regional, para proteger y garantizar empleos de alta calidad, en el cual el papel del diálogo social y la plena participación de los interlocutores sociales resulta fundamental, incluso mediante la celebración de convenios colectivos.