En las últimas semanas el gobierno colombiano presidido por el conservador Iván Duque ha presentado objeciones para modificar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, un elemento importante fruto de los acuerdos alcanzados en 2016 en la Habana por el anterior gobierno presidido por Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El presidente colombiano objetó 6 artículos de la ley ya aprobada por el congreso en noviembre de 2017 y avalada por el Tribunal Constitucional en agosto de 2018.

La Jurisdicción especial por la Paz (JEP) es el órgano encargado de juzgar los delitos  cometidos en el marco del conflicto bélico entre Colombia y las FARC. Se trata de una instancia especial puesto que, como resultado de los Acuerdos de Paz, pretende ofrecer una justicia restaurativa que no se limite a sancionar los delitos con penas de prisión sino a través de compromisos de reparación acordados entre víctimas y victimarios.

La ley estatutaria de la JEP es necesaria para el funcionamiento de esta instancia especial ya que define el marco en que los magistrados deben actuar a partir en la JEP, estableciendo los límites para sus actuaciones, protegiendo el sistema de justicia transicional y, sobre todo, reforzando los derechos fundamentales de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El Gobierno de Duque y el líder de su partido, Álvaro Uribe, férreo opositor al proceso de paz, ponen en entredicho el desarrollo del proceso de paz pero también lo hacen con el funcionamiento del estado de derecho en Colombia, objetando a un fallo de la corte constitucional, que como mencionamos, avaló la ley estatutaria en agosto de 2018. La derecha colombiana más radical apuesta de esta manera por los réditos políticos que pueda obtener por torpedear unos acuerdos de paz en los que nunca creyó. Además, numerosas voces han alertado sobre los intentos de impunidad que la posición del gobierno colombiano podría tener con los crímenes de los grupos paramilitares, sospechosos de haber mantenido vínculos con el ex presidente Uribe.

Compromiso con el Acuerdo de Paz

La Unión General de Trabajadores apoya  a los sindicatos colombianos, a las organizaciones sociales, a las comunidades y al pueblo colombiano en su conjunto en su voluntad de lograr una convivencia pacífica y próspera, reflejada en compromiso rubricado con los Acuerdos de Paz.

Los representantes de los y las trabajadas en Colombia han sido parte fundamental en la construcción de este proceso más que necesario en un país donde la violencia ha estado presente en todos los ámbitos, incluyendo asesinatos de líderes sociales y sindicales que continúan en la actualidad.

Por su parte, desde UGT  pedimos al Gobierno de España un mayor compromiso, en la línea de otros gobiernos europeos, ante este intento de debilitar el Acuerdo de  Paz en Colombia. Un verdadero compromiso con el desarrollo y la paz en Latinoamérica debería demostrarse en asuntos como el acuerdo de paz en Colombia, que ha puesto fin a un conflicto de más de 50 años que causo cientos  de miles de víctimas.

El caso de Colombia debe servir para orientar al gobierno de España sobre el desastroso resultado que puede arrojar la apuesta por el enfrentamiento en lugar del dialogo político para la resolución de conflictos. No debe permitirse que mezquinos intereses políticos, económicos y de impunidad arrebaten al pueblo colombiano su democrático deseo de vivir en paz.