UGT-Euskadi aplaude la sentencia del TSJPV, que condena a Prosegur al pago a una trabajadora de 40.000 euros en concepto de daños morales por discriminación de género, que tras ser readmitida conforme a una sentencia anterior, la empresa de manera unilateral decide trasladarla a Valladolid. El sindicato lamenta la actitud de ciertas empresas en relación a las mujeres-madres trabajadoras y espera que esta sentencia tenga proyección ejemplarizante para erradicar todas aquellas conductas que son discriminatorias por razón de género. Para los responsables de UGT-Euskadi esta situación nos recuerda que en pleno siglo XXI, la igualdad continúa siendo un horizonte que debemos alcanzar.

El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2017, cuando la trabajadora que se encontraba en reducción de jornada, por cuidado de un hijo menor de 12 años, desde el mes de julio de ese mismo año, es despedida por causas

objetivas. En febrero de 2018 el Juzgado de lo Social nº 10, de Bilbao, se pronuncia y declara dicho despido nulo, obligando a la empresa a readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo y a abonar los salarios de tramitación.La empresa lejos de acatar la sentencia notifica a la trabajadora su readmisión e inmediatamente su traslado a Valladolid, para prestar sus servicios en el centro de trabajo que Prosegur tiene en dicha ciudad. Ante este nuevo atropello los servicios jurídicos de UGT-Euskadi interponen una nueva demanda que a finales del mes de junio de 2018, el juzgado nº 8 de los Social resuelve a favor de la trabajadora, declarando nulo y sin efecto el traslado de la demandante de Bilbao a Valladolid. La sentencia considera probado la vulneración de derechos fundamentales, al producirse una discriminación por motivos sexistas o de género “al habérsele dado un tratamiento diferenciado a otros trabajadores de su misma categoría”.

Tras dicha sentencia los servicios jurídicos de UGT-Euskadi interponen otra demanda para reclamar el pago de daños morales por vulneración de derechos fundamentales que es estimada por el Juzgado de lo Social nº 10, de Bilbao y que ahora se ratifica tras la sentencia de TSJPV, condenando a la empresa a abonar una indemnización de 40.000 euros y condenado en costas a la empresa.

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