► La caída de los costes laborales y de los costes salariales en el segundo trimestre del año obedece a las circunstancias extraordinarias provocadas por la crisis de la COVID-19, y en particular por la drástica reducción de las horas de trabajo a causa de los ERTE.

► Los ERTES, sin embargo, han sido vitales para evitar la disminución de las rentas y la destrucción de empleo.  Por ello, UGT considera que hay que mantenerlos, el tiempo que dure la pandemia, pero sin rebajar la protección de las personas trabajadoras y las empresas.

 ► Asimismo, es fundamental fomentar el empleo de calidad, proteger los salarios y mantener las rentas de los hogares para asegurar una recuperación más ágil y efectiva, porque sin rentas adecuadas no despegará la demanda, ni la actividad de las empresas.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hoy, correspondientes a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ECTL) del segundo trimestre de este 2020, muestran una evolución extraordinaria, determinada por el impacto de la pandemia COVID-19. Durante este segundo trimestre el coste laboral total mensual ha caído un 5%, y el coste estrictamente salarial un 4,5%, en comparación con el primer trimestre de 2020. En términos anuales el descenso es mayor, concretamente de un 8,3% en el coste laboral total y un 9,4% en el coste salarial total. 

Se trata de una caída tanto de los costes totales como de los costes salariales muy importante, determinada por el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 y su impacto sobre la actividad económica y el empleo, y en concreto por la reducción de horas trabajadas y la modificación de los pagos habituales debido sobre todo a la utilización de los ERTE como mecanismo de ajuste de la cantidad de trabajo utilizada por las empresas. Por ello, el coste laboral por hora aumentó trimestralmente un 14,7% y el salarial y un 15,2%, llevando sus tasas anuales hasta el 11,9% y el 10,5%. 

Son datos, por tanto, atribuibles a las circunstancias extraordinarias en las que se han desarrollado las actividades laborales en el período analizado, y en particular a la drástica reducción de las horas de trabajo, aumentando así el coste de la hora efectiva trabajada, pero reduciendo por contra los costes totales mensuales al haberse visto disminuidos los salarios totales pagados por la menor actividad económica y utilización de empleo que implicó el confinamiento. Y, en particular, por el reparto de costes derivado de la utilización de los ERTES, que han sido vitales para evitar la disminución de las rentas y la destrucción de empleo.  

Datos coherentes con la situación extraordinaria que estamos viviendo

En suma, pese a lo anómalo de los datos, son coherentes con la situación sufrida, y hay que evitar que induzcan interpretaciones erróneas. Las horas que se han podido trabajar durante el segundo trimestre del año fueron bajo unas circunstancias excepcionales que supusieron un sobrecoste. Sin embargo, al haberse reducido la actividad económica y haberse paralizado muchas de las empresas por el confinamiento, sus costes laborales y salariales totales se han reducido. Además, como se indica en la nota publicada por el INE, más de la mitad de las horas que se pierden de la jornada semanal media pactada se debe a razones técnicas, económicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, entre las que se incluyen los ERTE. 

En conclusión, pese a los desajustes estadísticos que hacen difícil evaluar de la misma manera los cambios que se aprecian en este tipo de publicaciones, lo que resulta indudable es que, en las circunstancias actuales, es necesario que se protejan los salarios y que, a su vez, se mantengan las rentas de los hogares. Para ello los ERTE son el instrumento clave en este momento y, por lo tanto, deben permanecer en activo mientras cumplan con su función de protección social y del empleo. 

La recuperación del empleo debe de venir de la mano del aumento del poder adquisitivo del conjunto de la clase trabajadora. No es posible implementar recortes en materia salarial cuando aún las empresas necesitan de un fuerte tirón de su demanda para recuperar la actividad, y las familias precisan de una inyección monetaria que palie el daño que está causando la reducción de las horas trabajadas. Por ello, resulta incomprensible la generación de un falso debate sobre la posible congelación del salario de los empleados públicos para el próximo año, máxime cuando se lanza por parte de la máxima responsable de la política económica del país. Del mismo modo que no es admisible plantear la existencia de empleados públicos ¨de primera¨ o ¨de segunda¨ en función del sector en el que desempeñan su actividad laboral.  El incremento salarial de los empleados públicos no sólo es una medida de justicia social, sino que posee un potente efecto económico en estos momentos en los que se requiere el relanzamiento del consumo de las familias.  

Además, lo que se extrae de los datos que publica hoy el INE es la necesidad de adaptar la explicación de los cambios que recogen este tipo de encuestas a la realidad. La metodología empleada tradicionalmente para medir muchas cuestiones económicas tiene dificultad para adaptarse a los cambios tan relevantes como inesperados que hemos experimentado, por lo que hace falta explicarlos y darles una importancia relativa en un momento de excepcionalidad como el que vivimos. 

Valoración de Rafael Fernández Cañas, Jefe de Gabinete
de la Secretaria General de UGT y Director de Comunicación de UGT