Las personas asalariadas perdieron poder de compra en 2021.  Hay que aumentar el SMI, promover incrementos salariales superiores a la previsión de inflación media y establecer cláusulas de revisión salarial.

La inflación sigue desbocada, perjudicando gravemente a las trabajadoras y trabajadores y a muchas empresas. Las personas asalariadas perdieron poder de compra en 2021  (1,6 puntos porcentuales de media; 2,6 puntos quienes solo percibieron el salario mínimo), en un año en el que la economía ya creció de manera importante y cuando más se necesitaba el impulso del consumo de los hogares para afianzar esta recuperación. Es, por tanto, un mal resultado en términos de justicia social, pero también de eficiencia económica. 

Esta situación no puede continuar. Aunque previsiblemente la inflación se irá moderando en 2022, el incremento medio en el conjunto del año volverá a ser muy elevado (el Banco de España estima un 3,7%), y los salarios no pueden ser de nuevo los paganos del descontrol de la inflación, que tiene otras causas bien conocidas, y que son esencialmente el aumento desmesurado de los precios del gas, de la electricidad y, en menor medida, de los carburantes, como consecuencia de disfunciones en los mercados internacionales y de unos sistemas de formación de precios diseñados para que las grandes multinacionales obtengan beneficios descomunales a costa de los consumidores. 

En este contexto, ni el endurecimiento de la política monetaria ni una mayor moderación salarial conseguirán reducir la inflación, porque no reside ahí su causa. Estas medidas tan solo provocarían una quiebra de la senda de recuperación y un aumento de las desigualdades y de las situaciones de pobreza, que ya crecieron mucho durante la pandemia. Por ello, UGT propone:

► De un lado, que el Gobierno profundice en las medidas para reducir los precios de los servicios eléctricos y para paliar su impacto sobre los hogares, y en especial sobre los que menor ingresos tienen. Ello implica aumentar su presión en Europa para que se pueda modificar el sistema de fijación de los precios; introducir mecanismos que reduzcan los beneficios extraordinarios que están logrando las empresas del oligopolio del sector, trasladándolos a bonificaciones para los hogares; y extender las ayudas ya existentes, como el bono social y la rebaja puntual de impuestos, hasta que la situación se normalice.  

► De otro lado, es preciso que los salarios se ajusten al nuevo escenario de crecimiento de la actividad y aumento de los precios, para que las personas trabajadoras participen de la bonanza y logren mejoras en su capacidad adquisitiva que redunde en un fortalecimiento de la propia reactivación. Para ello, es necesario:

• Que los convenios recojan aumentos salariales para 2022 superiores a la previsión de inflación media (3,7%), y que incluyan cláusulas de revisión salarial para el caso de que los precios crezcan más. En este sentido, la patronal debería sentarse a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que genere seguridad y confianza en la economía y reduzca la conflictividad en las empresas.

• Que el Gobierno convoque inmediatamente a la mesa de diálogo social para abordar con urgencia la actualización del SMI para 2022, que debería situarse en 1.000 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, continuando con la senda de crecimiento que recomendó la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, y que debe concluir con un salario mínimo en 2023 que equivalga al 60% del salario medio del país.

Datos

El INE ha confirmado hoy que el IPC creció un 6,5% en diciembre respecto del mismo mes del año anterior, la tasa más alta desde mayo de 1992. Con ello, el conjunto del año 2021 cierra con una inflación media del 3,1%, la más alta desde 2011, más del doble del aumento de los salarios de convenio (3,1% frente a 1,5%), y casi seis veces más que el aumento medio del SMI (0,53%).

La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, también continúa creciendo, situándose ya en el 2,1% anual, cuando en abril la tasa era nula. Ello quiere decir que el impacto del aumento de los precios energéticos se está trasladando ya a otros bienes y productos debido al aumento que están sufriendo las empresas de estas actividades en sus costes. 

Las principales causas de este comportamiento alcista de los precios de consumo son, en términos anuales, los elevados precios de la electricidad (72%), los carburantes y combustibles (24%) y, en menor medida, los alimentos sin elaboración, cuya tasa se sitúa ya en el 6,5%.