UGT, junto a otras 13 organizaciones sociales y partidos políticos, reclaman en el Congreso de los Diputados una Ley eficaz para la descarbonización del sector del transporte y para la transformación de la movilidad

Un acto en el que ha intervenido el técnico del Departamento de Medio Ambiente de UGT, Manuel Riera, que ha mostrado su “decepción” al proyecto de esta ley presentado por el Gobierno y ha demandado “la mejora del texto para que, mediante el trámite parlamentario, esta ley se transforme en una herramienta eficaz que logre la descarbonización del transporte e instaure un sistema multimodal de transporte eficiente, sostenible, justo e inclusivo” en nuestro país.

En este sentido, las organizaciones convocantes han considerado que la propuesta del PSOE abandona “cuestiones clave como la vertebración territorial y la cohesión social, garantes del nuevo paradigma de movilidad hacia el que debemos avanzar”, lo que ha llevado a recibir “el extraordinario número de 975 enmiendas para su modificación”.

Por ello, han reclamado al PSOE que trabaje la Ley de Movilidad Sostenible con los partidos que están a favor de avanzar en la descarbonización del transporte y han recogido la inmensa mayoría de las propuestas y mejore el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con medidas como:

-    Incluir en su articulado la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes del 2050 y establecer objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040 en relación a los niveles existentes en 1990. Articulando una vinculación legislativa entre proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima PNIEC.

-    Concretar los mecanismos de financiación del transporte público que motivaron el compromiso de elaborar una nueva ley, necesarios más que nunca en un momento de crisis económica que ha justificado reducciones de tarifas para los usuarios pero que exige garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable.

-    Introducir elementos normativos para poner en marcha una fiscalidad justa del transporte. 

-    Recoger medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue (y sea una opción elegible) al medio rural, debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios. 

-    Integrar la eficiencia energética: optando por un sistema multimodal de transporte adecuado en términos de eficiencia que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario; planteando la necesidad de poner a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril; otorgando la debida prioridad a la electromovilidad en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera.

-    Incluir medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo, como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos para los que exista una alternativa ferroviaria existente y adecuada en términos de tiempo de viaje, conectividad y seguridad.

-    Establecimiento de una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones derivados del hidrógeno verde para la aviación y el transporte marítimo, y a eliminar la referencia explícita al uso de un combustible fósil como el gas natural licuado en este último. 

-    Firme defensa y fomento ferrocarril, y eliminar el mecanismo que incluye el cierre de líneas de tren supuestamente “ineficientes”. 

-    Mejorar el planteamiento de los planes de movilidad sostenible al trabajo, para que reflejen la realidad del tejido empresarial de España.

-    Dar prioridad a la movilidad activa frente a la motorizada, especialmente en la planificación del espacio urbano, y volver a incluir los conceptos de “cero emisiones”.

-    Introducir medidas concretas que garanticen una transición justa e incorporar el concepto de “pobreza en el transporte” y el emplazamiento al Gobierno para la elaboración de una Estrategia Nacional que diagnostique, prevenga y combata estas situaciones de vulnerabilidad.