UGT presenta el informe “El Ingreso Mínimo Vital como respuesta a la pobreza estructural”

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera; la Secretaria Confederal del sindicato, Adela Carrió, y el Coordinador del Servicio de Estudios Confederal, Alberto del Pozo, han presentado en el día de hoy el informe “El Ingreso Mínimo Vital como respuesta a la pobreza estructural”, un análisis exhaustivo de la incidencia de la renta mínima aprobada por el Gobierno en la reducción de la pobreza severa de nuestro país, así como las propuestas para mejorar ese ingreso mínimo y potenciar los sistemas de protección social y por desempleo en nuestro país para no dejar a nadie atrás en la salida de esta crisis. Temas que deberían formar parte de los objetivos de los partidos políticos, y sobre todo del Gobierno, para una reconstrucción económica y social.

Durante la presentación, Mari Carmen Barrera ha recordado que, desde que comenzó la crisis del coronavirus, “la prioridad de UGT ha estado centrada en el mantenimiento del empleo y en incrementar la protección social. La protección por desempleo en España es muy escasa. Deja al 40% de los desempleados sin cobertura y en una situación de confinamiento como la que hemos pasado se agrava la situación”.

En este sentido, ha señalado que, durante todo el proceso de diálogo social de esta renta mínima, “UGT ha insistido en intentar completar esta prestación lo máximo posible para que diese cobertura a todas las personas que no tienen protección, y creemos que lo hemos conseguido en su mayor parte”.

Mejorar el ingreso mínimo en el diálogo social

Barrera ha afirmado que durante esta negociación, el sindicato luchó por evitar las prácticas fraudulentas derivadas del cobro de esta renta. “Acotamos todo lo que pudimos la compatibilización del empleo con la renta mínima. Además, introdujimos la necesidad de que el ingreso mínimo estuviera asociado a políticas activas de empleo, para que, cuando se acabe de percibir, se encuentre un empleo estable por parte de las personas beneficiarias”.

En este sentido, ha manifestado que, “aunque UGT y CCOO rechazábamos en nuestra propuesta la compatibilidad del empleo con esta renta, hemos conseguido que este aspecto no se regule en el texto del Real Decreto, sino que se pondrá en marcha solo tras la negociación de un reglamento en la mesa de diálogo social con los sindicatos, donde quedarán regulados todos los aspectos de la puesta en práctica”.

Sin embargo, hay algunas demandas sindicales que no se han introducido en el texto final, como “la necesidad de que la renta mínima tenga una revalorización automática cada año, como mínimo, en base al IPC. No puede perder valor de un año para otro o quedarse permanente durante un largo periodo de tiempo. Tiene que ir acompañado del aumento del nivel de vida”. Además, “es necesaria una fuerte coordinación, y más efectiva, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que son las que van a gestionar esta prestación en última instancia”. 

Por todo ello, ha reclamado la necesidad de “seguir mejorando este ingreso mínimo en el diálogo social, además de mejorar la protección social y por desempleo para llegar al mayor número de personas posibles. La salida de la crisis lo exige de manera inmediata”.

La ILP de Prestación de Ingresos Mínimos, la base de esta renta

La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha recordado la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos “que el sindicato presentó en el Congreso en el año 2016 avalada por más de 700.000 firmas y que sigue durmiendo en el Congreso después de cuatro años”. Una ILP que “el propio Gobierno ha señalado que gracias a ella han podido configurar el ingreso mínimo vital que se ha aprobado”.

Para Carrió, es imprescindible que “no dejemos que se quede gente fuera de nuestro sistema de protección social. La competencia, en materia asistencial de esta renta, es de las Comunidades Autónomas. Hay que coordinarse con ellas y armar unos convenios de colaboración eficientes entre el Estado y las Autonomías”.

Además, ha recordado que “esta renta es un derecho subjetivo, todo el mundo puede acceder a ella, por lo que necesitamos que sea de fácil gestión con el fin de proteger al mayor número de personas posibles y no dejar a nadie atrás”.

2,3 millones de personas beneficiarias

Por su parte, Alberto del Pozo ha considerado que esta prestación “viene a completar una serie de agujeros que tenía nuestro sistema de protección social, abarcando a un posible número de 2,3 millones de personas beneficiarias”. En este sentido, ha asegurado que “viene a atajar el problema de la pobreza severa en nuestro país, más aún con toda la crisis del coronavirus. España posee la cuarta tasa de la UE más elevada de pobreza severa (9,2%)”.

Para del Pozo, los colectivos a los que más afecta esta pobreza estructural en nuestro país es “a las personas desempleadas, la mitad están afectados por situación de pobreza debido al aumento del paro de larga duración en nuestro país, que se incrementó a partir de la crisis de 2008 y las políticas de austeridad; las personas trabajadoras, que tienen la tercera tasa de pobreza laboral de la UE (12,8%).

Trabajar ya no asegura salir de la situación de pobreza;  los menores. La tasa de pobreza infantil la quinta de la UE, el 30% de los menores afectados; y los hogares monoparentales. El 43% de estos hogares están en pobreza. El 80% de estos hogares están encabezados por mujeres. También ha habido mucha afectación en los hogares con familias numerosas”.

Además, ha expuesto las causas de esta pobreza estructural, como son “la elevada precariedad laboral, que impide a una persona trabajadora salir de la pobreza, con una insuficiencia de horas trabajadas por la alta temporalidad, una alta rotación en los puestos de trabajo y un alto tiempo parcial involuntario, que producen bajos salarios para salir de la pobreza”.

Además, también se genera esta pobreza por un “insuficiente sistema de protección social. Gastamos 4,5 puntos de PIB menos que la media de la UE. Es imprescindible destinar más recursos a la protección social, sobre todo a las partidas que se destinan a combatir la pobreza o exclusión social”.

Y una tercera causa, como es “la escasa calidad de este sistema de protección social. Incide poco en la población más vulnerable. No es eficiente ni está bien dirigido para las personas que más lo necesitan. El 10% más pobre de la población solo recibe un 4% del total de transferencias sociales en efectivo”. 

► Informe: "El Ingreso Mínimo Vital como respuesta a la pobreza estructural”