Los datos de IPC adelantado recogen un fuerte incremento de los precios de la energía, que representa un gasto muy elevado en los hogares con rentas más reducidas

Los datos de IPC adelantado, correspondientes al mes de marzo, publicados hoy por el INE registran una tasa anual del 1,3%, un incremento de 1,3 puntos respecto al mes anterior, donde la variación anual fue nula. Una fuerte subida causada por la evolución de los precios de la electricidad, los carburantes y los combustibles, en contraste con los notables descensos experimentados en marzo del año pasado, cuando se aplicaron las primeras medidas estrictas para controlar la crisis del coronavirus. Respecto a la tasa de inflación subyacente, que no incluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se mantiene en el 0,3%, un punto por debajo de la tasa de IPC general.

Para UGT, este incremento de los precios no resulta alarmante, ya que se sigue situando por debajo del umbral máximo que recomienda el BCE, en torno al 2%. No obstante, el sindicato denuncia que el aumento de los precios de los productos energéticos representa un gasto muy fuerte en aquellos hogares con rentas más reducidas, lo que produce un impacto negativo en términos distributivos y de desigualdad. Por ello, UGT considera imprescindible acometer una reforma del sistema energético que evite subidas tan pronunciadas y permita una reducción de las tarifas para aquellas personas con menos ingresos.

El sindicato manifiesta que, más allá de seguir protegiendo la salud de todas acelerando el ritmo de vacunación, es necesario seguir reforzando el escudo social, manteniendo el instrumento de los ERTE y llevando a cabo una política de rentas que sirva para cubrir las necesidades básicas de los hogares más vulnerables. En este sentido, resulta esencial incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 y asegurar que los convenios colectivos garanticen un salario mínimo de al menos 1.000 euros al mes, como se comprometieron las organizaciones sindicales y  empresariales en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya vigencia finalizó a finales de 2020. 

En un horizonte donde sigue predominando una marcada incertidumbre, no es momento de retirar ningún estímulo expansivo, pues de lo contrario, los efectos más perniciosos de la pandemia pueden volverse estructurales.