El Servicio de Estudios Confederal (SEC) de UGT elabora el informe: “El año de la inflación”, donde analiza la evolución de los precios durante el último año, las consecuencias para las personas trabajadoras de cara al 2023 e incluye propuestas de actuación ante esta situación

Un informe que refleja una inflación que comenzó con un crecimiento desorbitado, aunque puntual, del precio de la energía y se ha convertido en un problema estructural para la economía de nuestro país, ya que las empresas no han tardado en transmitir el incremento de sus costes energéticos al precio de venta de sus productos para mantener, e incluso aumentar, sus márgenes de beneficio, mientras los salarios siguen estancados, trasladando esas tensiones al conjunto de la cesta de la compra.

Las distintas instituciones competentes en materia de política económica han puesto en marcha cuatro tipos de actuaciones dirigidas a reconducir este comportamiento de los precios: bajadas de impuestos (IVA, tributos a la electricidad), subvenciones directas a precios (combustibles), establecimiento de topes a los precios (esencialmente, la excepción ibérica del mercado eléctrico) y endurecimiento de la política monetaria (subidas de tipos del BCE). Sin embargo, sus resultados han dejado mucho que desear y, en general, han resultado poco eficientes para el objetivo planteado.

Por ello, UGT reclama la necesidad de implementar nuevas y más eficaces actuaciones, encaminadas en tres direcciones: establecer topes de precios, modificar la regulación de algunos mercados y elevar el control sobre los márgenes establecidos por las empresas.

Además, resulta fundamental adoptar iniciativas que permitan garantizar el poder de compra de las personas trabajadoras, de forma que se produzca un reparto justo de los costes de la inflación.

Mayor control de los precios

Para UGT, en el caso del mercado energético, resulta esperanzadora la propuesta anunciada recientemente por el Gobierno, que sí plantea una revisión integral del sistema de fijación de precios del sector con criterios de eficiencia en el suministro y justicia retributiva a cada tecnología.

En el caso del sector alimentario, sin embargo, el sindicato considera que aún está casi todo por hacer. La única medida puesta en marcha hasta ahora para reducir los efectos de la inflación de los alimentos es rebajar temporalmente el IVA que soportan algunos de estos productos. Los primeros datos desde su entrada en vigor muestran un impacto positivo, pero muy moderado. Es fundamental establecer precios o márgenes de comercialización máximos de referencia que impidan a las grandes empresas fijar precios abusivos y que tienen su encaje legal en el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Paralelamente, es preciso reformar la estructura institucional de los órganos independientes de regulación y de competencia, separando de nuevo en organismos diferentes la defensa de la competencia y la regulación de los distintos mercados estratégicos, así como elevar la profesionalización y especialización de esos nuevos órganos.

Además, UGT considera fundamentales medidas que palíen el impacto de la inflación sobre los hogares, y especialmente sobre aquellos más vulnerables. En este sentido, cabe implementar ayudas finalistas para consumos de primera necesidad, de importe variable en función del nivel de renta (cheques básicos), más eficientes y justos que las subvenciones generalistas.

Aumentar los salarios

Junto a un mayor control de los precios y más ayudas a los hogares, UGT reclama la necesidad de evitar la pérdida de poder de compra de las rentas salariales.

De esta forma, el sindicato valora el aumento del Salario Mínimo Interprofesional en un 8% para 2023, pero exige que esta mejora de las rentas tenga continuidad también en la negociación colectiva, incorporando cada vez más convenios con incrementos salariales acordes a la situación económica. 

Es imprescindible alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2023 que dé estabilidad y coherencia global a la política retributiva en las empresas, donde se dirime la distribución primaria de la renta. Un acuerdo de este tipo permitiría establecer criterios de reparto equilibrado de los costes de la inflación, en un marco general que incentive su reducción, garantizando el mantenimiento del poder de compra y su recuperación en la inmediata fase de bonanza.

► Informe: "El año de la inflación" elaborado por el Servicio de Estudios Confederal (SEC) de UGT