El pasado 11 de junio el Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, anunció la convocatoria de una nueva mesa de diálogo en el país africano, un llamamiento que se produjo en un contexto de empeoramiento de la situación política, económica y social en un país en el que se producen graves violaciones a los Derechos Humanos, como son la proscripción de partidos políticos y sindicatos libres, así como el arresto policial de opositores.

 

La mesa de diálogo nacional, en la que participaron representantes del gobierno, partidos políticos legalizados, actores políticos internos y representantes de la oposición de la diáspora, no obtuvo resultados. De hecho, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), partido con el que UGT mantiene una estrecha relación, informó de que el gobierno había planteado la semana de diálogo con el único objetivo de legitimar la desgastada imagen internacional del régimen, pero que ninguna de sus, entre las que se encontraban demandas democráticas básicas como la liberación de los presos políticos mediante una efectiva aplicación del decreto de amnistía, la libertad de prensa y de expresión, una administración electoral independiente asistida por la comunidad internacional, la legalización de partidos políticos ilegalizados, un plan específico de lucha contra la pobreza o la legalización de sindicatos fueron atendidas por el gobierno.

 

Las respuestas de Teodoro Obiang a estas demandas no suponen el más mínimo compromiso de mejora en los diferentes aspectos y buscan desacreditar su importancia.

 

UGT denuncia como especialmente grave la situación de persecución a opositores, produciéndose incluso detenciones durante la celebración de la mesa de dialogo. Miembros de CPDS informaron, incluso, de que uno de los detenidos falleció durante su detención en circunstancias que no han sido aclaradas por el gobierno.

 

Además, el sindicato ve con preocupación los nulos avances sobre la garantía de organización de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, ya que el gobierno de Obiang evita el tema remitiéndose a la ley de sindicatos de 1990. Sin embargo, la actuación del régimen desde entonces no ha permitido la legalización de organizaciones obreras en el país, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en el único país africano donde los trabajadores y trabajadoras no tienen la posibilidad real de organizarse libremente.

 

La intransigencia e irresponsabilidad del gobierno han frustrado una nueva oportunidad para sentar las bases de una Guinea Ecuatorial democrática que pueda afrontar en libertad retos tan importantes como la lucha contra la pobreza y un desarrollo económico inclusivo para el pueblo ecuatoguineano en su conjunto.

 

Por estas razones, UGT pide al gobierno español una nueva estrategia en la política exterior y de cooperación con Guinea Ecuatorial. España no puede seguir en el juego de equidistancias y equilibrios internacionales abandonando a su suerte el destino de más de un millón de personas en Guinea.

 

La situación actual de Guinea Ecuatorial exige reorientar el trabajo de cooperación hacia temas como la gobernanza democrática, defensa de los derechos humanos, defensa de garantías y libertades de la ciudadanía, libertad de expresión, prensa y asociación. El compromiso del gobierno de España con el pueblo ecuatoguineano debe centrarse, ahora más que nunca, en ayudar a una trasformación pacífica y una convivencia democrática en el país, poniendo énfasis en los foros internacionales que corresponda de forma que nuestro compromiso se defina por la defensa del derecho y de los valores democráticos allí donde son lesionados, perseguidos o ignorados.