La pasada jornada celebrada en el CESE con motivo del Dictamen de Iniciativa Propia sobre “Desequilibrios en la Protección Social” y específicamente en las nuevas formas de trabajo y trabajo atípico contó, entre otros expertos, con Carmen Salcedo Beltrán, Miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, Consejo de Europa, Adrián Todoli Signes, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Valencia, España y María Luz Rodríguez Fernández, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UCLM, España.

En el encuentro, en el que participaron instituciones europeas como la Comisión Europea, la Plataforma Europea de Seguridad Social y el Observatorio Social Europeo, se expusieron varios sistemas de protección social, se analizaron buenas prácticas de varios paises europeos (Bélgica, Francia Dinamarca).

Según Eurostat, más del 40% de la población empleada de la UE (77 millones de personas) tenía modalidades de trabajo atípicas, es decir, contratos temporales, trabajo a tiempo parcial o por cuenta propia, y muchas de estas personas se enfrentaban a importantes déficits de cobertura de protección social. 

En 2022 había diecisiete Estados miembros en los que al menos un grupo de trabajadores atípicos no estaba cubierto por ninguna rama de la protección social. En diecinueve Estados miembros, los trabajadores autónomos no están cubiertos por todas las ramas de la seguridad social. Además, en Europa las mujeres perciben de media alrededor de un 40% menos de pensiones que los hombres. 

Los sistemas de seguridad social, tal como los conocemos hoy en Europa, se crearon hace más de un siglo y, a pesar de los grandes avances en materia de universalización, la mayoría de ellos siguen basándose esencialmente en un vínculo directo con el mercado laboral, se financian en gran medida mediante las cotizaciones pagadas por los trabajadores y los empresarios, y en mayor o menor medida, por los impuestos. Es el principio contributivo.

Políticas que garanticen sistemas de protección a la población trabajadora frente a las perturbaciones económicas 

El Parlamento Europeo lleva años reclamando una revisión de los sistemas de seguridad social para reducir esta brecha de género, que se deriva tanto de las brechas laborales -salarios más bajos, muchas más interrupciones de la carrera profesional debido al trabajo de cuidados, etc. - como de brechas institucionales - falta de enfoque de género en las normas de seguridad social.

Existen importantes desequilibrios en los sistemas de protección social de la UE por razones subjetivas y contractuales. Además, la crisis sanitaria puso claramente de manifiesto y reforzó las desigualdades de acceso a la protección social en unos mercados laborales en los que las personas pueden no tener alternativa a una situación laboral precaria.

La aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales proporciona una base europea para abordar con mayor eficacia la igualdad de protección de todos los trabajadores con nuevas formas de trabajo (formas atípicas) y, en particular, cómo reconocer su estatus y cómo garantizar que tengan un acceso adecuado a la seguridad social y a los sistemas de protección social.

Además, los sistemas de protección social se ven sometidos a una fuerte presión a medida que las cohortes de baby boomers abandonan cada vez más el mercado laboral para ser sustituidos por trabajadores en nuevas formas de empleo Esta presión aumenta a medida que se incrementan tanto la transición digital y demográfica como la transición ecológica.

Evaluar la Recomendación sobre la igualdad de acceso a la protección social 

La crisis de Covid-19 puso de manifiesto la necesidad de replantear nuestros sistemas de seguridad social a la luz de la evolución de los mercados laborales. Con la difusión cada vez más rápida de las formas atípicas de empleo, por lo general menos cubiertas por la protección social, y dada la urgente necesidad de gestionar la transición digital y ecológica de manera justa, es imperativo que el CESE evalúe el cumplimiento de la Recomendación sobre la igualdad de acceso a la protección social para todos los trabajadores, independientemente de la edad, el sexo o el nivel de empleo. Un enfoque similar al propuesto por la OIT .

Por lo tanto, un dictamen del CESE es más pertinente que nunca para diagnosticar los retos y elaborar propuestas políticas que garanticen que los sistemas de protección social son capaces de cubrir a una gran parte de la población trabajadora frente a las perturbaciones económicas. La mejora del acceso a la protección social se traduce también en una mayor contribución a los presupuestos públicos, a fin de promover la sostenibilidad financiera y política de los sistemas de protección social, al tiempo que se fomenta la igualdad en todas sus dimensiones.