Hacen falta ayudas públicas para combatir la pobreza informática y favorecer la formación digital

Fecha: 30 Jun 2022

Un 6.5% de hogares no pueden permitirse tener un ordenador, lo que supone un 0,6% más que en 2020. Personas mayores, hogares monoparentales y familias vulnerables que sufren una exclusión digital y económica y no pueden realizar gestiones digitales básicas, como concertar una cita médica.


A pesar de vivir en la era de la informática, de la Inteligencia Artificial y del Big Data, todavía persiste en nuestro país una insoportable brecha digital. Así, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE (con datos correspondientes al año 2021) todavía hay 1,22 millones de hogares sin acceso a un ordenador (un 6,5% del total de hogares, 18,75 millones). Esto supone un incremento del 0,6% en comparación con 2020. La situación en lugar de mejorar, ha empeorado.

La carestía de medios informáticos es mayor en los hogares monoparentales (un adulto con descendencia), alcanzado el 12% y con un incremento interanual de más del 4%. Cabe destacar también el elevado número de hogares de una sola persona (habitualmente personas mayores) con tal problemática: un 7,6% en 2021 (+2% desde 2020). De hecho, un 5,4% de las personas de 65 y más años admiten que no pueden adquirir un ordenador.

Esta limitación entorpece sobremanera la inclusión social de estos colectivos. Sin un ordenador es casi imposible acceder a servicios básicos, como la educación y la formación, la banca digital, la concertación de citas médicas y un sinfín de trámites públicos que se gestionan eminentemente online.      

UGT exige a las Administraciones Públicas que tomen nota de esta situación y se pongan manos a la obra. Es hora de volver a las ayudas públicas para la adquisición de dispositivos digitales para colectivos, acompañadas de los bonos sociales para la conectividad y la necesaria formación inicial. Sin la puesta en marcha de estos tres vectores, planificados y ejecutados de forma paulatina, estaremos abocando a una gran parte de la ciudadanía al ostracismo social.
 


Fuente: UGT