La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores quiere recordar que recientemente el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre prostitución en el que señalan que tanto ésta, como la trata con fines de explotación sexual, existen porque hay demanda para ello y que es preciso adoptar medidas para reducirla. 

Según el informe del Ministerio de Interior “Trata y explotación de seres humanos en España”, en el año 2022, se identificaron 120 mujeres y 4 niñas víctimas de trata sexual en nuestro país y 400 mujeres y 10 víctimas de explotación sexual. Datos que son solo una pequeña parte de lo que está sucediendo en este país, de la grave vulneración de derechos humanos que implica para las víctimas y del gran negocio que supone la explotación sexual para quienes se lucran de ella. 

La memoria 2022 de la Fiscalía General del Estado, por su parte, destaca, al igual que los organismos internacionales, que debido a la pandemia de la COVID-19, el uso de las nuevas tecnologías no solo permite utilizar medios masivos para captar víctimas, sino hacer más difícil perseguir a los tratantes y explotadores a partir de los beneficios obtenidos de la explotación.  Del mismo modo, la memoria señala que se ha producido un traslado de la trata con fines de explotación sexual de los clubs de alterne a pisos particulares, incrementando el aislamiento. 

Nuestra organización quiere señalar que el Consejo de Europa en su informe sobre España y la implementación en nuestro país del Convenio de lucha contra la trata de seres humanos, recomienda a las autoridades españolas incrementar los esfuerzos para combatir la trata de menores, en particular mejorando los procedimientos para identificar a víctimas de trata entre  las niñas y niños extranjeros no acompañados, y en general, asegurándose de que los menores no acompañados accedan a sistemas de acogida, educación y atención sanitaria para evitar su exposición a los riesgos de trata. 

Es evidente que las principales víctimas tanto de la trata como de la prostitución y otras formas de explotación sexual, son mujeres y niñas de nacionalidad extranjera en situación administrativa regular, pero sobre todo irregular, lo que incrementa su vulnerabilidad (la dependencia de sus explotadores, el aislamiento, aumenta el riesgo físico y psíquico y obstaculiza su detección y posterior protección y salida de la explotación). Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es prioritario la adopción de normas y medidas con perspectiva de género que acaben con el negocio de toda forma de explotación sexual, incluida la trata y la prostitución, que protejan a sus víctimas y les ofrezcan posibilidades que impidan que vuelvan a caer en las manos de explotadores.