Hay que poner rostro a la siniestralidad laboral
Fecha: 27 Mar 2023
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha expuesto las propuestas de UGT para acabar con la siniestralidad laboral en España, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado y ha pedido visibilizar esta lacra, un auténtico drama para miles de personas trabajadoras y sus familias.
Ana García de la Torre ha manifestado durante su intervención que el problema de la siniestralidad laboral denunciado, año tras año por UGT, no es nuevo, pero se ha normalizado y es invisible de cara a nuestra sociedad, pese al drama que representa para miles de personas trabajadoras y sus familias. Así desde que se tienen registros, en 1988, se han producido casi 26 millones de accidentes con baja y han muerto 41.500 personas. Una realidad que no cesa, porque los datos correspondientes a 2022, indican que han fallecido 826 personas, un 17,2% respecto a 2021, 121 muertes más. Cifras escandalosas e inasumibles que demuestran que la seguridad y salud en el trabajo no es una cuestión de primer orden, ni para las Administraciones, ni para las empresas.
Por eso tras analizar con detalle las cifras, Ana García de la Torre, ha reiterado la necesidad urgente de que se abra la mesa de Diálogo Social sobre esta materia, un compromiso anunciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Es preciso articular un Plan del choque que incluya medidas para reducir la incidencia de riesgos psicosociales porque la primera causa de muerte en el trabajo siguen siendo los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos.
Ha recordado que UGT lleva tiempo reclamando que se cree, a nivel estatal, la figura del Delegado o Delegada de Prevención de Riesgos Laborales, figura similar a la que existe en algunas Comunidades Autónomas, para mejorar la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en las pymes, donde no hay representación sindical (y es que un 45% de los accidentes de trabajo con baja ocurridos en jornada laboral se registraron en empresas de menos de 50 trabajadores, según datos definitivos de 2021).
Ha pedido también dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. En este sentido, ha dicho que ‘se debe incrementar la actuación en aquellos casos en los que aun no habiendo resultado de lesiones o muerte se ponga en riesgo la seguridad y la salud de las personas trabajadoras; y acortar los tiempos hasta que los Juzgados de lo penal dictan sentencia en los juicios por accidentes de trabajo, porque en 2021, las víctimas de accidentes de trabajo tardaron cinco años de media para percibir su compensación por parte de la Justicia’.
García de la Torre ha destacado también que hay que actualizar la LPRL para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo; establecer políticas públicas para reducir y erradicar la precariedad laboral, ‘se trata de lograr puestos de trabajo decentes y libres de riesgos’; impulsar una jornada laboral de 32 horas semanales; mayor inversión de las Administraciones Publicas en aquellos organismos implicados en la prevención de riesgos laborales y mayor inversión por parte de las empresas.
Otras propuestas son: elaborar una normativa diferenciada sobre gestión de riesgos psicosociales en la empresa; actualizar el listado de enfermedades profesionales; aflorar el cáncer de origen laboral; evitar la externalización masiva de la gestión preventiva de las empresas; dotar de perspectiva de género a la prevención de riesgos laborales; y una mayor coordinación entre las Administraciones Públicas, con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y Salud para afrontar con éxito futuras crisis.
Por último, ha destacado que ‘hay que poner rostro a la siniestralidad laboral’ y , en este sentido, ha querido recordar dos casos: la muerte, hace dos años, de un trabajador de 19 años que trabajaba en una empresa de fabricación de impermebializantes y láminas de caucho, empresa que no cumplía ninguna de las normas de prevención; y la de un trabajador que era barrendero y que murió en julio del año pasado, al inicio de su jornada laboral, en el turno de tarde, al sufrir un golpe de calor.