Tribuna de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en "El Siglo de Europa"

No es ningún secreto que el mercado laboral penaliza a las mujeres. Llevamos casi dos décadas denunciando la brecha salarial y los mismos años exigiendo que se adopten medidas con carácter urgente para reducirla y para fomentar la corresponsabilidad. Es decir, la responsabilidad compartida.

Recientemente un informe del Banco de España ha concluido que los ingresos de las mujeres caen un 11% en el primer año tras el nacimiento del hijo e hija. Y diez años después el impacto de la diferencia aumenta hasta el 28%. A esto añadimos nosotros que llegamos a la jubilación con una brecha en pensiones de en torno al 35%.

Es imprescindible una Ley de Igualdad Salarial que garantice igual salario por trabajo de igual valor para que, en caso de tener que elegir en el hogar familiar, no tenga que ser la mujer siempre la que asuma las tareas de cuidados por tener un salario inferior.

La brecha salarial no está relacionada exclusivamente con la maternidad. Son muchos los obstáculos que se encuentran las mujeres en el camino. Trabajos en sectores con salarios más bajos, puestos de trabajo con sueldos inferiores a los de sus compañeros hombres; modalidades de contratación en condiciones muy precarias, un alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario (un tercio de los contratos), etc.

La responsabilidad NO COMPARTIDA sale cara a las mujeres en cuanto a salarios, en la carrera profesional, en salud…

Es necesario invertir para hacer las cosas más fáciles. Primero, está claro, es necesario un cambio cultural definitivo, trabajar desde la infancia, desde el hogar, en los centros educativos, no sólo para concienciar a las mujeres, sino para involucrar a los hombres plenamente, pero también a la sociedad.

Recordemos que nueve de cada diez personas que abandonan el mercado de trabajo para cuidar de sus familias son mujeres, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Es necesario contar con permisos retribuidos para el cuidado familiar, de carácter individual e intransferible, para evitar el abandono temporal del empleo o la renuncia involuntaria a una promoción, por dedicarse al cuidado de familiares, ya sean hijos o hijas, ascendientes u otros familiares.

También es imprescindible una Ley de Igualdad Salarial que garantice igual salario por trabajo de igual valor para que, en caso de tener que elegir en el hogar familiar, no tenga que ser la mujer siempre la que asuma las tareas de cuidados por tener un salario inferior. Hay que tomar cuanto antes medidas transversales en las políticas de empleo que impidan que se siga penalizando a las mujeres en general; apostar por un empleo de calidad eliminando los elementos de precariedad e infravaloración que caracteriza el empleo femenino.

Es absolutamente imprescindible aumentar la inversión pública en cuidados y retomar el sentido inicial de la Ley de Dependencia –España dedica sólo el 0,7% del PIB frente al 1,8% de la media europea y lejos de países como Dinamarca que dedica el 4,5% de su PIB o Italia, con el 1,8% de su PIB–; reforzar e incrementar servicios públicos y en protección social, lo que redundaría en una importante mejora tanto para las personas que se dedican profesionalmente a prestar dichos servicios, como para las mujeres trabajadoras en otros sectores que siguen asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidados, como son las empleadas del hogar, con los efectos negativos que ya conocemos en sus ingresos económicos, en su protección social y en su empleo.

Esta sería una apuesta clara por el futuro, por el empleo decente en un sector profundamente feminizado que vamos a necesitar, dada la evolución demográfica de nuestro país, e incluso de Europa.

¿Somos iguales? Está claro que no lo somos en todo.

Deberíamos hacérnoslo mirar con carácter urgente, porque si queremos que la sociedad avance es prioritario alcanzar la plena igualdad y desde ese punto de vista nos queda un largo camino por recorrer.

► Tribuna de opinión en "El Siglo de Europa"