• Crear empleo y acabar con la pobreza, el objetivo de la política de cohesión
• Propuestas de UGT en relación a la política europea

Una intervención en la que ha defendido una política de cohesión 2.0 “sólida y válida, a través de una eficiente política de inversión de la Unión Europea, con el fin de apoyar la política regional europea de adaptación a los objetivos en materia de clima, digitalización y empleo”. Todo ello con vistas a “lograr una sociedad neutra en carbono y conseguir una transición con un impacto positivo en términos de creación de empleo estable y de calidad, además de reforzar las inversiones digitales en los programas existentes destinados a reducir la brecha digital”.

Para Barrera, “la desigualdad de oportunidades es perjudicial para el crecimiento y la competitividad a largo plazo a nivel regional, nacional y de la UE”. Por tanto, ha considerado fundamental “diversificar y flexibilizar más la política de cohesión para poder prestar más atención a las personas, especialmente a las más vulnerables, y abordar mejor la desigualdad de oportunidades a la que muchas se enfrentan”.

Además, ha manifestado la necesidad de “ampliar, modernizar o revisar la gama de instrumentos y enfoques para construir una política de cohesión sólida, eficaz, flexible y renovada, centrándose más en la capacidad, los vínculos interregionales, la eficacia de los resultados y las oportunidades para los beneficiarios más allá de la simple inversión”.

Desarrollo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Para una política de cohesión eficiente, la secretaria de Políticas Europeas de UGT ha reclamado “un mayor énfasis en las estrategias de política territorial, como la inversión territorial integrada (ITI) y el desarrollo local participativo, para que la ciudadanía pueda establecer sus propias prioridades y definir los proyectos de desarrollo, sin perder de vista la coherencia de las capacidades de gestión de fondos de las autoridades locales, urbanas y territoriales”.

También es importante “que se pueda garantizar que el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sea plenamente compatible con la aplicación de la futura política de cohesión y que las inversiones y los programas ya iniciados en el marco del MRR no queden en suspenso debido a cambios en la financiación del Mecanismo. Estas inversiones son fundamentales para los objetivos de cohesión y si se paralizan, pueden tener un impacto muy negativo en el desarrollo de las regiones y territorios y, en particular, en las necesidades de los grupos de población vulnerables”.

Y todo ello con el fin de “poder prestar especial atención a las categorías de personas con las tasas de empleo más bajas (mujeres, jóvenes, inmigrantes…), para las que se necesitan programas específicos de formación, reciclaje y apoyo sobre el terreno”.

Mayor participación de los interlocutores sociales en las políticas de cohesión

Durante su intervención, Mari Carmen Barrera señalado como “esencial aumentar el potencial de los mercados laborales transfronterizos, que están poco desarrollados debido a las barreras jurídicas y administrativas. Para ello, es fundamental reforzar la cooperación transfronteriza e interregional, especialmente para el desarrollo de infraestructuras; continuar protegiendo a las pymes y su sostenibilidad, con mejor financiación  en lo que respecta a las tecnologías estratégicas a través del nuevo instrumento propuesto STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa); y crear nuevos tipos de perspectivas económicas para las zonas rurales menos desarrolladas, periféricas y escasamente pobladas, las islas de la UE y las regiones ultraperiféricas”.

Para la secretaria de Políticas Europeas de UGT, “la diversificación y la especialización deben diferenciarse aún más en términos de apoyo financiero, modalidades de apoyo, gestión presupuestaria, objetivos e inversión. Para lograr esta mayor especialización de la política de cohesión es imprescindible la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en los estados miembros, a través de los oportunos acuerdos de cooperación”.

Por ello, ha reclamado “hacer un llamamiento a los estados y a las regiones de la UE para que hagan participar a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de la manera más amplia y eficiente posible en la elaboración de la política de cohesión y en el seguimiento de sus efectos”.

Además, ha demandado la necesidad de “racionalizar la política de cohesión para los beneficiarios mediante la simplificación y la flexibilidad en la aplicación de los fondos, que deben utilizarse para alcanzar sus objetivos. Es necesario garantizar normas claras y sencillas para los fondos de la UE y nacionales. Y hay que mejorar de manera constante la política de cohesión, para lo que las mejores prácticas, las medidas políticas eficaces y la financiación específica que actualmente lleva a cabo el MRR también deberían seguir funcionando en el marco de la nueva política de cohesión”.