La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, participa como ponente en el dictamen donde se ha aprobado el protocolo de progreso social, que supone que, en caso de conflicto, los derechos sociales de la ciudadanía deben prevalecer sobre las libertades económicas y otras políticas de la UE

La propuesta de la Comisión Europea de abrir la posibilidad de reforma de los Tratados, conforme asume en el último discurso sobre el estado de la Unión, considera adecuado, al unísono que la propuesta del Parlamento Europeo, que entre los aspectos a reformar se incluya el Protocolo de Progreso Social (PPS). 

El objetivo de un Protocolo de Progreso Social sería triple: por un lado, garantizar que, en caso de conflicto, los derechos fundamentales y sociales tengan prioridad sobre las libertades económicas y otras políticas de la UE; garantizar también el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales y el buen funcionamiento de los sistemas nacionales de diálogo social y relaciones laborales; y, finalmente, asegurar el progreso social, manteniendo la promoción y protección de los más altos estándares en términos de derechos sociales, ya sea que se deriven del Derecho nacional, europeo o internacional, y también evitando la regresión y la elusión de dicho Derecho.

Para UGT, es una magnífica oportunidad la Presidencia española de la UE para impulsar esa propuesta y las instituciones de la UE, que en el marco del diálogo social europeo, deben avanzar en ese proceso. De esta forma, es esencial este PPS para reforzar la autonomía de los interlocutores sociales, manteniendo un vínculo indisociable del funcionamiento del mercado interior y sus libertades económicas, incluida la libertad de competencia, con el ejercicio de los derechos colectivos.

El sindicato considera fundamental garantizar, como contenido de ese PPS, un principio de no retroceso de los estándares sociales, ya reconocido en el Derecho de la Carta Social Europea, y en la jurisprudencia del Comité Europeo Derechos Sociales. Este Protocolo de progreso social es un elemento básico para un nuevo modelo económico y de gobernanza de la UE, que debe basarse en ir más allá del PIB y construir un bienestar europeo socialmente justo (inclusivo) y sostenible. De esta forma, la inclusión del PPS permitirá a la UE converger en el progreso, además de en el crecimiento económico, favoreciendo el bienestar de la mayor parte posible de su población, preservando el modelo social europeo, lo que también redundará en la creación y desarrollo de empresas más robustas y sostenibles.

El Informe de la COFOE pide a la UE, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales, que garanticen la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales, sobre todo los objetivos más pertinentes con la Agenda 2030, a escala de la UE, nacional y regional, añadiendo a los Tratados un Protocolo de Progreso Social (PPS). En vista de las crisis actuales y recientes, y a fin de dar cumplimiento a las propuestas y medidas del Informe de la COFOE, el Parlamento Europeo (PE) aprobó la una Resolución, en junio de 2022, en la que reclama al Consejo Europeo que dé inicio al proceso para la revisión de los textos fundacionales de la UE. Entre las reformas propuestas está “asegurar que el Pilar Europeo de Derechos Sociales se desarrolla plenamente y se incorpore el progreso social, vinculado al Protocolo sobre progreso social, a los Tratados”, sin perjuicio del respeto a las competencias respectivas y a principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Por tanto, parece cierto que las tres instituciones de la UE están dispuestas a centrar su atención en el seguimiento de la COFOE y sus propuestas, en consonancia con sus respectivas competencias en virtud de los Tratados de la UE. Aunque existen normas mínimas a nivel europeo, vinculantes y no vinculantes, para avanzar en la aplicación del PEDS, la promoción y garantía de una auténtica economía social de mercado competitiva y sostenible requiere un Protocolo de Progreso Social. Además, las Conclusiones de la COFOE son una hoja de ruta adecuada para promoverlo. Es por esto y con estos antecedentes que el gobierno español ha pedido una opinión exploratoria al CESE, con cuestiones concretas, para que sirva de hoja de ruta durante su próxima presidencia del consejo de la UE. El texto que hemos elaborado es muy equilibrado y medido en sus recomendaciones.

Para UGT, la inclusión del PPS permitirá a la UE liderar el crecimiento económico, favoreciendo el bienestar de la mayor parte posible de su población, lo que redundará en la creación y desarrollo de empresas más robustas y sostenibles. Además, el sindicato recuerda que la UE debe cumplir la obligación que le incumbe en virtud del Tratado de Lisboa de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como establece el artículo 6, apartado 2, del TUE. Dicha adhesión es clave para someter el ordenamiento jurídico de la UE al control externo de los derechos humanos, del mismo modo que cualquier ordenamiento jurídico basado en la democracia y el estado de derecho. Con este fin, la Unión debe adherirse a la Carta Social Europea del Consejo de Europa, a fin de promover una convivencia armoniosa entre el Derecho de la UE y el Derecho del Consejo de Europa en el ámbito social.