​La propuesta de Mariano Rajoy de subvencionar las cotizaciones de los primeros 500 euros de salario de cada nuevo contrato indefinido es volver a incidir en una política que ya se ha aplicado en la legislatura con nefastos resultados (9 de cada 10 contratos que se hacen son temporales).

Esta propuesta es ineficaz, costosa y supondría una pérdida de recursos inasumible para nuestro Sistema de Seguridad Social y un nuevo trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando la regresiva distribución que ya se ha producido en los últimos 4 años.

Frente a esto, UGT propone eliminar la práctica totalidad de las bonificaciones y subvenciones a la contratación (concentrándolas coyunturalmente en colectivos con especiales dificultades de inserción) y potenciar las políticas activas de empleo (que el Gobierno del Partido Popular ha reducido en 2.500 millones de euros, un 35%, entre 2011 y 2015).

En este sentido, es preciso destinar cada año la mitad de la recaudación obtenida de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la mejora de estas políticas activas de empleo para aproximarnos a los estándares europeos deseables.

Son varias las razones por las que UGT rechaza la propuesta del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de subvencionar las cotizaciones de los primeros 500 euros de salario de cada nuevo contrato indefinido. Esta propuesta:

• Supone insistir en la misma línea de actuación costosa e ineficaz que se ha aplicado en la legislatura, con nefastos resultados.
  
  
• Esta medida ya existe, para contratos indefinidos concertados entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, tanto para nuevos contratos como para transformaciones de temporales, y la bonificación ahora dura 2 años (extensible para empresas de menos de 10 trabajadores durante un año más). Por tanto, lo que parece que ahora propone el Partido Popular es ampliar su período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 y extender la duración de la bonificación hasta cuatro años.
  
  
• Existe un amplísimo consenso entre los expertos y académicos sobre la ineficacia de las bonificaciones a la contratación, porque poseen un elevado “peso muerto”, que significa que esas contrataciones se habrían hecho de igual manera sin bonificaciones.
  
  
• Dicho más claramente, la medida supone “tirar el dinero”, y éste es mucho: para 2016 está presupuestado un coste para las arcas del Estado del pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social de 2.245 millones de euros, de los cuales 1.650 millones se dedicarán a financiar las medidas de fomento de la contratación laboral. Por tanto, se trata de un coste muy elevado, con un rédito muy escaso: no hay que olvidar que, pese a todo este despilfarro, nueve de cada diez contratos que se hacen en nuestro país es de carácter temporal.
  
  
• Además, supone reducir los ingresos de la Seguridad Social, que tiene un déficit superior a los 10.000 millones de euros. Hay que recordar que entre 2011 y 2014 los ingresos por cotizaciones cayeron en 6.000 millones de euros. Es una pérdida de recursos inasumible.
  
  
• Es muy preocupante que el partido del Gobierno, que sin duda conoce todo esto, no encuentre para su programa electoral otras medidas más efectivas y menos costosas para relanzar el empleo y aumentar su calidad. Salvo que lo que pretenda sea encontrar una nueva coartada para reducir las pensiones y descapitalizar aún más el Fondo de Reserva, del que ya se ha comido 25.000 millones, el 40%.
  
  
• Lo que sí suponen medidas como ésta es un nuevo trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando la regresiva distribución de renta que ya se ha producido en esta legislatura que ahora termina.
  
  
• En suma, una propuesta vieja, costosa e ineficaz; más de lo mismo, que ha sido un desastre.
  
  
• Frente a ello, UGT propone eliminar la práctica totalidad de las bonificaciones y subvenciones a la contratación, concentrándolas coyunturalmente en colectivos muy puntuales con especiales dificultades de inserción, y acometer un plan de potenciación de las políticas activas de empleo, que el Gobierno del Partido Popular ha reducido en un 35% de 2011 a 2015 (2.500 millones de euros). Ello pasa por invertir y modernizar los Servicios Públicos de Empleo, para mejorar la eficiencia de los servicios prestados y aumentar su eficacia en la gestión de la colocación. Es imprescindible más formación y más y mejor orientación laboral.
  
  
• UGT propone destinar cada año la mitad de la recaudación obtenida de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la mejora de las políticas activas de empleo. Con ello, se conseguiría más que duplicar los recursos destinados a políticas activas y aproximarnos a los estándares europeos deseables.