El conflicto desatado en Bolivia tras las denuncias de fraude de la oposición no parece circunscribirse exclusivamente a un desacuerdo sobre el proceso electoral, especialmente sobre el recuento. Las supuestas irregularidades denunciadas podrían, desde el primer momento, haber sido ser solventadas dentro del marco del estado de derecho boliviano y su sistema electoral. Sin embargo, asistimos con preocupación a las declaraciones y exigencias vertidas en un primer momento desde la OEA.

 

 

La organización de Estados Americanos (OEA), que bajo el mandato de Luis Almagro se encuentra fuertemente cuestionada por su sesgo favorable hacia los gobiernos de derecha de la región, ha aprovechado en los últimos años citas electorales y diferentes conflictos para desestabilizar a aquellos países que cuestionen la agenda neoliberal en América Latina, exigió rápidamente que se celebrará una segunda vuelta entre el candidato Evo Morales, actual presidente de Bolivia, y Carlos Mesa, el candidato de la derechista alianza Comunidad Ciudadana.

 

Esta exigencia, que viola el sistema electoral boliviano fue compartida por gobiernos de la región como Brasil (Bolsonaro), Argentina (Macri) y Colombia (Duque), entre otros. Por su parte Estados Unidos también exigió una segunda vuelta antes de cualquier tipo de revisión oficial de los comicios celebrados el 20 de octubre. Lo que resulta sorprendente es que la Union Europea haya apoyado esta inicial exigencia de la OEA, reincidiendo nuevamente en un seguidismo inútil de la agenda de Estados Unidos y la derecha latinoamericana, que persiguen objetivos impropias para Europa y que suponen intentos de injerencia que exceden la defensa de los derechos humanos, el respeto a  la soberanía  y la democracia en todos los países.

 

 

Desde UGT apoyamos el acuerdo que finalmente se ha alcanzado entre el Gobierno boliviano y la OEA, que ha accedido a la propuesta que desde el primer momento Evo Morales puso sobre la mesa: realizar una auditoria integral sobre el recuento de las elecciones. El rechazo del candidato Carlos Mesa a este acuerdo no es una buena señal para un compromiso de resolución pacífica y democrática del conflicto.

 

Este acuerdo de auditoría sobre el recuento electoral es una nueva oportunidad para que la Union Europea apoye a la democracia boliviana y coopere con el país andino mediante el apoyo a su estado de derecho, a la convivencia pacífica y al bienestar de su población. En el caso de España, el apoyo para la resolución a través de vías institucionales de la disputa surgida tras las elecciones debe servir para retomar la senda iniciada en gobiernos anteriores, basada en el respeto de la soberanía de Bolivia y en la cooperación para profundizar un desarrollo justo de Bolivia.