​Lejos de reforzar la protección social para atender la creciente necesidad de muchas personas, que sufren la crisis, las políticas impuestas por el Gobierno del PP han supuesto una bajada en la cobertura de las prestaciones y han acrecentado la pobreza y la desigualdad. El número de hogares que no tienen ningún perceptor de ingresos ha crecido un 7,3% (esto es 47.500 hogares) de 2012 a 2016 y cada vez hay más desempleados sin ningún tipo de protección. Desde 2012 el número de beneficiarios de prestaciones ha caído más del 30% y la tasa de cobertura ha pasado 66% en 2012 a valores por debajo del 53% en buena parte de 2016. UGT exige que en esta nueva legislatura se ponga en marcha, de manera inmediata, una prestación de ingresos mínimos para los desempleados sin recursos, que queriendo trabajar no encuentran empleo, vinculada directamente a la Seguridad Social y desarrollar un Plan integral contra la pobreza y la exclusión social, que asegure la alimentación básica y el acceso a bienes esenciales tales como el agua, la electricidad, el gas y la calefacción de las personas sin recursos, así como el acceso a derechos fundamentales (educación de calidad, sanidad universal, protección de la vivienda, etc)

La crisis y las políticas de austeridad y recorte que se han aplicado para combatirla han provocado que muchas familias hayan visto reducidos sus ingresos (desde, 2010 los hogares han perdido un 12% de su renta y desde 2012, un 6%, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, del INE). Sin embargo, lo más grave es que en 4 años, de 2012 a 2016, se incrementado un 7,3% el número de hogares sin ningún perceptor de ingresos (ya son 693.600 hogares).

Por otro lado, la tasa de cobertura de prestaciones ha pasado del 66% en 2012 a valores por debajo del 53% en buena parte de 2016 y el número de beneficiarios de prestaciones se redujo de 2.942.061 personas, en 2012, a 1.955.493 en junio de 2016. Ha caído el número de perceptores prácticamente en todas las prestaciones: de los beneficiarios de prestaciones contributivas, de prestaciones asistenciales y de Renta Activa de Inserción.

Aunque desciende el paro registrado de 2010 a 2016 en un 1,2%, cada vez hay más desempleados sin ningún tipo de protección. Así, en este periodo el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha caído más del 32% (pasando de 3.042.734 en 2010 a  2.046.578 el primer semestre de este año).

El peso del paro de larga duración es cada vez mayor: los desempleados que llevan más de un año buscando empleo han pasado de representar el 20% del total de parados en 2008 a representar el 58% (el 42% lleva ya más de dos años sin trabajo). Es decir, 2.660.000 personas buscan trabajo desde hace más de un año y más de dos millones desde hace dos).

Todas estas  cifras explican que la población en riesgo de pobreza ascienda a 12,8 millones de personas y la severa afecta a más de 3 millones. La pobreza infantil supera ya los dos millones de niños y niñas.

Frente a esta dura realidad y un modelo de crecimiento económico desequilibrado e injusto que deja en la cuneta a millones de personas, UGT demanda desarrollar una estrategia global. En este sentido, es preciso:

• Apostar por un cambio de política económica, que permita a nuestro país crecer en el medio y largo plazo en industria, innovación y conocimiento, logrando aumentos de la productividad y competitividad.

• Un Plan de choque por el Empleo, basado en empleos de calidad y salarios decentes. Asimismo hay que proteger a las personas y generar políticas activas desde lo público.  

• Una Prestación de Ingresos Mínimos para los parados sin recursos que queriendo trabajar no encuentran empleo. Se trata de un nuevo derecho subjetivo que se debe vincular directamente a la Seguridad Social y financiarse vía Presupuestos Generales del Estado.  

Un Plan integral contra la pobreza y la exclusión social para asegurar  la alimentación básica, y el acceso a bienes esenciales como luz, agua, gas y calefacción. Además del acceso a los derechos fundamentales: educación de calidad, sanidad universal, protección de la vivienda.

Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT