​España presenta déficit en las políticas de igualdad que prevengan la discriminación y faciliten la integración de la población extranjera. Es más, en los últimos años se han eliminado presupuestos y políticas para reducir las desigualdades que sufre este colectivo.  El resultado es que nuestro país encabeza la lista de países de la UE con la mayor tasa de paro y pobreza laboral de población nacional de terceros países. Asimismo, hay que denunciar una vez más los incumplimientos, por parte de la Unión Europea, de los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes. 

Las estadísticas sobre el desempleo, la precariedad, las desigualdades y la pobreza en España son alarmantes, pero estas cifras se agravan en el caso de la población extranjera en nuestro país. Así, España tiene las tasas de paro y pobreza laboral de extranjeros más altas de la UE.  A pesar de ello, el Gobierno no ha establecido políticas de igualdad específicas para prevenir la discriminación e integración social. Los datos no mienten:

• La tasa de desempleo de los nacionales de terceros países en España se sitúa en el 33´5%, la tasa de este colectivo con empleo en riesgo de pobreza es del 45´1% y la tasa de pobreza de menores de 17 años (hijos de extranjeros nacionales de terceros países) es del 53´1%. En los tres casos, es la tasa más alta de los estados miembros que recogen la variable de nacionalidad.

• El descenso de la tasa de paro, en el caso de los nacionales de terceros países, no se debe a que se haya incrementado el empleo, sino a que ha descendido su población activa, como consecuencia de la emigración. Se quedan en España los que tienen empleo, aunque sea precario.

• Las diferencias en tasa de paro, entre la población española y  personas nacionales de terceros países, alcanzan los 10 puntos. La tasa de paro de los hombres españoles en 2016 era de 17´19% frente a 27´83% de los hombres extracomunitarios. En el caso de la mujeres, la tasa de paro de las españolas, 20´44%, se incrementa hasta el 30´6% en las mujeres nacionales de terceros países.

• También han visto devaluados sus salarios, ya de por sí bajos. El 17´5% de los asalariados extranjeros tenía en el año 2015 un salario medio de 357 euros mensuales, 156 euros menos que en el año 2007.

• El acceso a la nacionalidad española, en el caso de los países con los que tenemos convenio de doble nacionalidad, no conlleva una equiparación en el mercado de trabajo.

• La combinación de paro y empleo precario, junto a una deficiente protección social y la ausencia de redes familiares, eleva la tasa de pobreza de la población extranjera no comunitaria residente en España hasta el 55´3%, frente al 21% de la tasa de pobreza general.

Para poner solución a esta situación UGT reclama, entre otras medidas: políticas activas que aborden la situación de paro, pobreza y subempleo de este colectivo; que se recupere el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas, incluidas aquellas en situación administrativa irregular; y que se incremente el presupuesto en la educación destinada a compensar desigualdades (entre otras, de las minorías étnicas y culturales y alumnado extranjero y para prevenir el racismo y la xenofobia).

El dinero destinado a este fin ha ido a menos. Este programa contaba con 169 millones de euros  en los presupuestos de  2012; en el proyecto de Presupuestos Generales de 2017 apenas supera los 4 millones.

Asimismo, demanda que se recupere y adapte, a las necesidades actuales, el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes (este fondo se repartía entre las Comunidades Autónomas y alcanzó su mayor presupuesto en el año 2009 con 200 millones de euros), pero el Gobierno del PP lo eliminó en 2012, manteniéndolo a cero también en el Proyecto de Presupuestos de 2017. Exige también que se promueva una nueva Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, dotada de presupuesto y adaptada a la realidad actual.

Mención aparte es la exigencia de que el Gobierno defienda en las instituciones de la Unión el cumplimiento del derecho de asilo y de los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional, asumiendo igualmente su parte de responsabilidad y que respete, de manera estricta, los derechos humanos en la vigilancia de las fronteras exteriores, derogando la previsión de la Ley de Extranjería que permite las llamadas “devoluciones en caliente” y que fue introducida por la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza y que actualmente ha sido desacreditada por la mayoría parlamentaria.