​La reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP en 2012 continúa tirando a la baja de los salarios, aumentando la precariedad en el empleo y el poder discrecional de los empresarios. Finalizado el mes de febrero, todavía están por pactar los convenios de casi 7 millones de trabajadores y trabajadoras y, aunque sigue vigente el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, la patronal sigue eludiendo su responsabilidad de concretar el incremento salarial general para 2017. Los sindicatos demandamos que todos los trabajadores ganen poder de compra (aumentando los salarios en una horquilla de entre el 1,8% y el 3%) máxime teniendo en cuenta el importante aumento de los precios de estos últimos meses y las previsiones para el conjunto del año. Por eso, el día 23 de marzo hay que movilizarse por unos salarios dignos.

En las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO para el próximo jueves 23 de marzo una de las reivindicaciones más importantes es la urgente mejora de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Los convenios colectivos tienen que superar los efectos de las reformas laborales impuestas en los años más duros de la crisis económica; Reformas que han propiciado la destrucción de empleo y la devaluación salarial, acentuando la desigualdad entre los trabajadores y la extensión del fenómeno de trabajadores pobres, con empleos precarios y salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, e impidiendo una función esencial de la negociación colectiva, como es el reparto equitativo de la riqueza creada.

La reforma laboral de 2012, con los cambios introducidos en relación a la negociación colectiva, ha reducido su eficacia y cobertura efectiva; ha creado condiciones para la desaparición de convenios por la limitación del periodo legal de ultraactividad; ha coartado la autonomía colectiva de los interlocutores sociales sectoriales para establecer las condiciones mínimas aplicables en el sector, al otorgar la prioridad aplicativa al convenio de empresa en materias esenciales básicas como las retribuciones salariales, y ha ampliado notablemente las posibilidades de inaplicar las condiciones de trabajo pactadas en convenio, lo que restringe la fuerza vinculante del convenio formalmente pactado.

La reforma laboral ha estimulado una brutal devaluación salarial. Pese a que la economía ha salido de la recesión, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores no han salido de la crisis y el mercado laboral configurado por la reforma continúa tirando a la baja de los salarios, aumentando la precariedad y el poder discrecional de los empresarios.

La estadística oficial de la negociación colectiva, difundida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, refleja una parte de la situación, la de los convenios registrados para su vigencia en este periodo, 2017. Según dicha fuente, el total de convenios cerrados hasta febrero (último dato publicado) es de 1.502 para un total de 3.572.470 trabajadores en 517.879 empresas. Si comparamos estos datos con los últimos definitivos estadísticamente, los del ejercicio 2014, están por pactar los convenios de casi siete millones de trabajadores (el 65% del total) para un número de empresas que ronda el millón.

En este escenario, hay que recordar que sigue estando vigente el III AENC y el compromiso de concretar el incremento salarial general para el 2017, pero las patronales CEOE y CEPYME están eludiendo sus responsabilidades, tanto en relación al fomento de la estabilidad del empleo como con el objetivo de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Para UGT y CCOO, los salarios en 2017 deben aumentar en una horquilla de entre 1,8% y 3%, para ganar poder de compra. Los objetivos son varios: mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, generar empleo de calidad, reducir los niveles de desigualdad y pobreza y colaborar al aumento de los recursos de la Seguridad Social.

En paralelo, la situación de los precios, con una variación del IPC interanual del 3% en el mes de febrero, profundiza en la pérdida de poder adquisitivo de estas rentas salariales y obliga a reconocer la oportunidad de mejorar las retribuciones, en una economía como la nuestra, en fase de recuperación, que forzosamente tiene que llegar a los ciudadanos.

Por eso es inaceptable la pretensión de las patronales CEOE y CEPYME de topar la subida salarial para 2017 en un 1,5% y sin establecer un mínimo que rompa con la inercia de la congelación salarial que lleva afectando a millones de trabajadores en todo el periodo de crisis.

Por salarios dignos, por empleo estable y por la recuperación de los derechos eliminados por las reformas de los Gobiernos y por la avaricia empresarial, UGT y CCOO llaman a las trabajadoras y trabajadores a impulsar las movilizaciones participando en los actos convocados el 23 de marzo.