La Unión General de Trabajadores considera que el acuerdo fiscal alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 es, esencialmente, una utilización populista e inadecuada del sistema fiscal destinada a la obtención de beneficios electorales bajo la excusa de rebajar los impuestos a los mileuristas. El acuerdo supondrá que el Estado tendrá 2.000 millones de euros menos de gasto público en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, atención a la dependencia, etc… Es decir, el ahorro fiscal para los trabajadores con menos rentas no compensará lo que perderán por la pérdida de servicios públicos que deberán costear directamente. Esta rebaja fiscal de los que menos ganan no viene acompañada de más ingresos fiscales por parte de los que más ganan. UGT apuesta por una reforma fiscal integral bajo el principio de progresividad, que pague más quien más tiene.

Según las últimas informaciones, parece que la anunciada rebaja fiscal que perseguía Ciudadanos, para justificar de alguna manera su apoyo al gobierno de Mariano Rajoy, se concretará en aumentar la cuantía que marca la no obligación de hacer declaración (si se tiene más de un pagador) de 12.000 a 14.000 euros, fijar una reducción decreciente en el tramo de 14.000 a 17.500 euros y establecer una deducción de 1.200 euros para familias numerosas y declarantes con ascendientes o con personas con discapacidad a cargo. En principio, estiman que su coste será de 2.000 millones de euros.

El paquete se está promocionando como una rebaja de impuestos a los mileuristas. Lo cierto es que se continúa, de esta manera, con la utilización populista e inadecuada de uno de los instrumentos más potentes que tiene un Estado, que son los impuestos. Las medidas anunciadas poseen muy poco recorrido y desatienden las acuciantes necesidades de nuestro país, que requieren más recaudación tributaria, y no menos, como la medida supondrá. Son 2.000 millones de pérdida de ingresos que saldrán de menos sanidad pública, menos educación pública, menos prestaciones por desempleo o menos ayudas a la dependencia, por ejemplo. Es decir, que con la excusa de querer beneficiar a quienes menos renta poseen, lo cierto es que la consecuencia será, en último término, un recorte directo o indirecto de las políticas que benefician más directamente a esa población más vulnerable.

Menos presión fiscal que la media europea, menos gasto público

Nuestra presión fiscal es del 34,6% del PIB, y que se sitúa en la parte baja no solo de la eurozona, sino de toda la Unión Europea. Es 6,8 puntos porcentuales menos que la media del área euro, 5,4 puntos menos que Alemania, 8,9 menos que Italia y 13,3 menos que Francia, por citar algunos de los países con mayor peso específico. Y 13 puntos porcentuales menos que Dinamarca, país que suele poner como ejemplo Ciudadanos de manera interesada cuando habla de otros temas. Por eso España posee un gasto público que también es inferior en 5,3 puntos porcentuales a la media de la zona euro, con lo que eso supone de merma de capacidades de actuación pública.

Traducido a euros, esos 6,8 puntos porcentuales de diferencia respecto de la media europea significan más de 75.000 millones de euros que España deja de ingresar cada año, y que supondrían (estos sí) una inyección adecuada para acometer el reforzamiento de las políticas públicas que el país necesita. Pues bien, la medida acordad por Cs y PP aumenta esa brecha aún más.

En segundo lugar, nuestro país sigue inmerso en un proceso de vigilancia extraordinaria por parte de la Comisión por el incumplimiento de los objetivos de déficit. Esos mismos objetivos que ha utilizado este mismo gobierno del PP para acometer, desde 2012, un rosario de recortes que han aumentado la precariedad laboral, han provocado el desplome de los salarios (y en especial, de los más bajos), han reducido las prestaciones sociales y han situado a los pensionistas en una senda de continua pérdida de poder de compra para las próximas dos décadas. Unos recortes que, en definitiva, han aumentado los niveles de pobreza y de desigualdad de nuestro país hasta situarnos a la cabeza de Europa.

Por eso no se puede entender que ahora se obvien esos mismos objetivos (nuestro déficit total debe pasar en 2018 del 3,1% del PIB al 2,2%) y se vayan a implementar medidas que perjudican ese esfuerzo, sin que se enmarque en una estrategia de mayor calado, que determine en último término una mejora de las capacidades fiscales del país. Es, sencillamente, una irresponsabilidad política, por mucho que se pretenda hacer pasar como una medida positiva para quienes poseen menos renta. Además, el PIB crece, y no son necesarios nuevos incentivos fiscales para sostener ese crecimiento.

No es casualidad que los países con modelos sociales más avanzados (puestos como ejemplo muchas veces por el propio partido naranja) ocupen los primeros puestos de presión fiscal de la Unión Europea: Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia encabezan la lista. La apuesta de Ciudadanos con sus rebajas fiscales -a la que se suma el Gobierno aceptando sus propuestas-, es más coherente con el nivel de ingresos y con el modelo de país que representan Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Lituania o Letonia, los estados que cierran la lista de esfuerzo fiscal relativo.

Contradicciones políticas

Resulta llamativo que Ciudadanos plantee este moderado alivio tributario para quienes ganan entre 12.000 y 14.000 euros al año cuando, a la vez, se abstuvo a finales del pasado año en la votación de una proposición de Ley promovida por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para aumentar el SMI a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020, y cuando promueve un complemento salarial para los salarios bajos que, en último término, supone precisamente avalar que las empresas paguen salarios de miseria a millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país. No es posible (ni adecuado) intentar solucionar por la vía fiscal lo que en el fondo es una situación estructural de nuestro mercado laboral: la persistencia de un nivel salarial muy bajo, a lo que ha contribuido decisivamente la reforma laboral de 2012.

Igualmente, resulta poco creíble que, para defender estas rebajas fiscales, se utilice como argumento la voluntad de mejorar la progresividad fiscal, esto es, que se pague más proporcionalmente conforme aumenta la renta. Una parte de las medidas (la rebaja para quienes ganan entre 12.000 y 17.500 euros) sí supone una ligera mejora de esa progresividad; pero escasa, y con un coste notable, tanto en términos monetarios como de credibilidad del sistema. Si de verdad la mejora de la progresividad fiscal fuera un objetivo central en el planteamiento fiscal general de esta fuerza política se pueden acometer muchas otras actuaciones que lograrían avances en la progresividad tributaria mayores y con efectos positivos adicionales.

Por ejemplo, podría haber planteado un aumento de los tipos marginales del IRPF para las rentas más elevadas: 75.000 personas declaran ingresos entre 150.000 y 600.000 euros al año, y 7.200 contribuyentes ingresan más de 600.000 euros, y en ambas situaciones el tipo marginal que se les aplica es el mismo que quienes ganan 60.000 euros anuales. O podría haber propuesto restablecer (total o parcialmente) los rendimientos del capital a la tarifa general del IRPF (actualmente pagan solo un mínimo del 19% y un máximo del 23%, muy inferior al 45% de tipo máximo de la tarifa aplicable a los rendimientos del trabajo). O, cambiando de impuesto, podría haber propuesto la implantación de un tipo efectivo mínimo garantizado en el Impuesto sobre Sociedades del 15%, para evitar que las grandes empresas terminen tributando cuantías irrisorias por la sistemática aplicación de las prácticas elusivas que les facilita la ingeniería contable y fiscal, eludiendo el pago de impuestos de sus cuantiosos beneficios.

Son tres ejemplos de medidas que inciden de manera mucho más directa y eficaz en un aumento de la progresividad fiscal del sistema tributario en su conjunto, y que además tienen el efecto positivo añadido de que aumentan los ingresos del Estado, aumentando las capacidades de actuación del sector público para desarrollar el estado de bienestar, para promocionar las actividades motoras de un nuevo modelo económico más eficiente y equilibrado (I+D+i, sociedad de la información, transición energética, digitalización, etc.) y para acometer la modernización y potenciación del sector público. Es decir, medidas que apuestan por un modelo de desarrollo más sostenible e integrador, como el que defiende UGT, en lugar de seguir incidiendo en la continua rebaja de costes y en la desregulación empobrecedora que lleva promoviendo desde 2012 el gobierno del PP, ahora con el apoyo de Ciudadanos.