El IPC del mes de octubre, publicado hoy por el INE, sitúa la inflación anual en un 1,8%, tres décimas por encima de la registrada el mes pasado. Este incremento se explica, principalmente, por el encarecimiento de los precios de los carburantes, que aumentan un 0,2% mensual, en contraste con octubre del año pasado, que descendieron un 2,2%. El aumento de la tasa anual también viene determinado por el incremento de los precios de la electricidad (0,4% mensual) y el gas (3% mensual), frente a las bajadas experimentadas 12 meses atrás (del 5,4% y 0,4%, respectivamente).  Con ello, el promedio de la tasa anual del IPC en lo que va de año se sitúa en el 2,8%. 

Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, es decir, sin incluir los bienes energéticos ni los alimentos no elaborados, repunta una décima respecto a septiembre, alcanzando una variación anual del 2,5%.

En lo que respecta a los incrementos anuales más destacados durante este mes, destaca el transporte de pasajeros por mar (40,2%), los paquetes turísticos nacionales (15,1%) y la carne de ovino y caprino (11,1%). En sentido contrario, los combustibles líquidos (-22,3%), el gasóleo (-15,7%) o los equipos de telefonía móvil (-11,8%) registran los descensos de precios más señalados. 

Respecto a la evolución salarial, y en línea con los criterios fijados por el AENC (2023-2025), la negociación colectiva está respondiendo favorablemente, con un incremento promedio del 3,8% en los convenios registrados en 2024, lo que se sitúa un punto por encima de la tasa media de inflación en lo que va de año. Por su parte, el aumento medio de todos los convenios, a pesar registrar un valor inferior (3,1%), también sobrepasa el dato medio de inflación. 

Así, el favorable contexto económico, los elevados beneficios de las empresas y la moderación del ritmo de crecimiento de los precios suponen argumentos de peso para seguir reforzando la senda de crecimiento salarial, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de todas las personas trabajadoras. No obstante, a pesar del avance de las rentas salariales, éstas no son suficientes para garantizar el acceso a una vivienda en condiciones asequibles, en tanto el precio de la misma se ha disparado de manera ininterrumpida en los últimos años.

En consecuencia, un porcentaje notable de personas inquilinas o con préstamos hipotecarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Así, hasta el 42,8% de la población que paga un alquiler está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un problema que afecta a casi un 20% de las personas con hipotecas. Unos porcentajes que, además de ser muy elevados, se sitúan por encima de los registrados en la media de los países de la Eurozona, en concreto, hasta 7,8 y 5 puntos más, respectivamente. Con el fin de combatir la emergencia habitacional, UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que el derecho a la vivienda se pueda ejercer efectivamente en nuestro país y pueda ser requerido en los juzgados.